Detectan a constructora PUXTLA como empresa facturera; obtuvo licitación de obra en Oaxaca
Luis Carrasco.
La empresa PUXTLA Maquinaria y Construcciones, S.A. DE C.V., ha sido señalada por ser beneficiaria de contratos de obra pública en Oaxaca, pese a los cuestionamientos que existen sobre su solvencia económica, la capacidad técnica y documentación presentada para obtener su registro como contratista.
A dichos señalamientos se suman las posibles irregularidades durante la gestión de Diego Javier Carreño López, exdirector jurídico de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, cuya salida estuvo rodeada de acusaciones por presunta corrupción, las cuales lo orillaron a dejar el cargo.
Entre los asuntos que se señalan dentro de la presunta corrupción por parte de la empresa PUXTLA, se encuentra la autenticidad de los estados financieros utilizados para obtener su registro como contratista, además de declarar como domicilio fiscal un supuesto inmueble ubicado en San Jerónimo Tlacochahuaya, pero que al hacer las investigaciones, resultó ser un terreno baldío.
Además, en el año 2025 dicha empesa constructora obtuvo un contrato por más de tres millones de pesos dentro del programa ‘Vivienda Bienestar’, mediante una licitación pública cuyo fallo únicamente identifica a PUXTLA como participante evaluado, lo que abre interrogantes sobre una auténtica competencia leal.
PUXTLA Maquinaria y Construcciones, S.A. DE C.V. tiene como representante a una persona identificada como Óscar Ángeles Morales, quien fue el encargado de firmar dicha licitación, y quien se presume es conocido de Diego Javier Carreño López, por lo que, al ser director jurídico de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, dependencia encargada de investigar cualquier irregularidad en el ejércicio público, habría ordenado hacer caso omiso a verificar la documentación de la empresa constructora.
Esta situación, evidenció a Diego Carreño de actos de corrupción utilizando el cargo que ostentaba, y que incluso llegó a cobrar hasta medio millón de pesos por otorgar y aprobar padrones clasificación A a las empresas, por lo que ahora, las autoridades estatales deberán transparentar su relación con el expediente de la constructora PUXTLA y explicar cómo acreditó los requisitos para acceder a recursos públicos.
