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Funcionarios de Santiago Choápam, detenidos por un proceso penal; no es detención arbitraria

Luis Carrasco.

Este lunes siete de septiembre, un grupo de pobladores de Santiago Choápam, liderados por las familias de A.B.R. y J.M.M., regidor de Hacienda y Síndico Municipal de dicho Ayuntamiento, respectivamente, instalaron un bloqueo en la ciudad de Oaxaca, causando caos vial en vialidades de gran flujo vehicular.

Dicha manifestación, la hacen luego que el pasado tres de septiembre, ambos funcionarios municipales fueran detenidos por el delito de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género, cometida en agravio de la presidenta municipal de Santiago Choápam, Dolores Luciano Valadez.

En este sentido, se establece que el arresto de Abelino Bartolo y Jorge Méndez, responde al desahogo de un procedimiento legal normado y no a un acto al arbitrio de la autoridad, como lo han querido señalar los familiares de los imputados, quienes amagaron con intensificar sus movilizaciones si no liberan de manera inmediata a ambos sujetos.

Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizó una investigación en torno a este caso, y encontró el sustento necesario en la causa penal, iniciada a partir de las denuncias formalizadas bajo las carpetas de investigación acumuladas 13427/FEDE/FEDE/2026 y 17807/FEDE/FEDE/2026.

La intervención ministerial se deriva directamente de la imputación hecha por la víctima, por lo qu a los señalados se les imputa el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, con la agravante de haber sido cometido por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

Ahora, familiares de estos presuntos violentadores quieren presionar con bloqueos para que sean liberados, lejos de tratarse de una aprehensión sin fundamento legal, el expediente cuenta con querella formal y la adscripción de probanzas para su revisión judicial.

Finalmente, el curso del debido proceso penal contempla para este siete de septiembre se lleve a cabo la audiencia de término constitucional, en la que se determinará la situación jurídica de los imputados.

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