Nuevo protocolo: toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio
Ciudad de México.— Las fiscalías y procuradurías del país acordaron fortalecer sus mecanismos de investigación y atención a víctimas mediante la actualización de protocolos nacionales para casos de desaparición, feminicidio y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.
Durante la 54 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), encabezada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, se aprobó la renovación del Protocolo Homologado de Investigación para la búsqueda e investigación de personas desaparecidas.
El nuevo esquema busca establecer criterios comunes para las autoridades de todo el país, con perspectiva de derechos humanos y procedimientos diferenciados para grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Su aplicación incluirá capacitación del personal, ajustes institucionales y mecanismos para evaluar los resultados.
Nuevo protocolo para proteger a defensores de derechos humanos
En la misma reunión también fue aprobado un protocolo especializado para investigar delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.
La medida responde a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con el caso de Digna Ochoa y Plácido contra México. El documento establece que las investigaciones deberán realizarse bajo estándares de derechos humanos y reconoce la necesidad de brindar una protección reforzada a quienes realizan labores de defensa.
Las autoridades anunciaron que próximamente comenzará la etapa de implementación del protocolo.
Proponen investigación obligatoria de muertes violentas de mujeres como feminicidio
Otro de los temas centrales fue la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, actualmente en análisis en la Comisión Permanente del Senado.
El proyecto plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y un estándar reforzado de diligencia.
La iniciativa contempla un delito homologado para todo el país, diez razones de género, 19 agravantes y penas de entre 50 y 70 años de prisión, además de sanciones específicas para los casos de tentativa.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas presentó el proyecto ante representantes de las fiscalías estatales con el objetivo de anticipar las acciones necesarias para su eventual aplicación.
Buscan una estrategia nacional contra desapariciones
La desaparición de personas fue identificada como uno de los principales retos para las instituciones de procuración de justicia. Las autoridades reconocieron la necesidad de mejorar la coordinación entre fiscalías, fortalecer las capacidades forenses y garantizar atención integral para las víctimas y sus familiares.
En este sentido, la Fiscalía General de la República y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública impulsaron una estrategia para reforzar las fiscalías especializadas en desaparición.
Como parte de los trabajos se presentó un diagnóstico sobre las capacidades actuales de las entidades, con el propósito de detectar carencias, compartir buenas prácticas y establecer acciones comunes para mejorar la búsqueda, localización e identificación de personas.
También buscan homologar combate a la extorsión
En materia de extorsión, se planteó crear un manual nacional para orientar la recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito.
La propuesta pretende establecer procedimientos similares entre las fiscalías, mejorar la atención a víctimas y facilitar investigaciones conjuntas entre autoridades federales y estatales para identificar y desarticular estructuras criminales dedicadas a la extorsión.
Durante la asamblea también se abordaron reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, con la intención de agilizar investigaciones, particularmente en delitos de alto impacto, y reforzar las garantías de las víctimas. La propuesta fue respaldada por las 32 fiscalías estatales para continuar con su análisis y fortalecimiento.
Fortalecen capacidades forenses
Otro de los acuerdos se relacionó con el desarrollo de las capacidades forenses y el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
Las autoridades plantearon mejorar los registros disponibles y fortalecer el intercambio de información entre la Federación y los estados, con el objetivo de facilitar la identificación de personas y mejorar las investigaciones.
Los acuerdos alcanzados durante la asamblea buscan establecer criterios comunes entre las instituciones de procuración de justicia y mejorar su capacidad de respuesta ante delitos de alto impacto y casos que requieren coordinación entre distintas autoridades.
