SCJN avala que alumnos ya no reprueben por faltas ni por materias reprobadas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó este jueves el Acuerdo 10/09/23 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), vigente desde septiembre de 2023, el cual modifica la forma de evaluar a estudiantes de educación básica en escuelas públicas y privadas. Entre los cambios más relevantes, se elimina la reprobación automática por no aprobar todas las materias y también deja de ser obligatoria una asistencia mínima para acreditar el grado escolar.
La decisión fue aprobada por unanimidad del Pleno, al desechar el amparo promovido por el Colegio Roble contra la norma impulsada por la SEP. El proyecto, elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, concluyó que el acuerdo es constitucional porque prioriza el interés superior de la niñez, busca reducir la deserción escolar y promueve un modelo educativo más integral, similar al aplicado en países como Finlandia y Dinamarca, donde el aprendizaje no se basa únicamente en calificaciones numéricas.
El nuevo esquema reorganiza la educación básica en fases y campos formativos, permite la promoción automática en preescolar y primer grado, flexibiliza la acreditación en secundaria mediante procesos de regularización y da mayor peso a evaluaciones cualitativas sobre el desempeño de las y los estudiantes.
Durante la discusión, algunos ministros respaldaron que la asistencia deje de ser un criterio definitivo para aprobar, argumentando que existen factores sociales y familiares que influyen en las ausencias escolares. El ministro Hugo Aguilar Ortiz señaló que la excelencia educativa no puede medirse solo con asistencia o calificaciones, mientras que Irving Espinosa Betanzo destacó que la medida busca disminuir la deserción, especialmente en zonas rurales.
Sin embargo, también hubo posturas críticas. El ministro Giovanni Figueroa Mejía y la ministra María Estela Ríos González advirtieron que eliminar la asistencia como requisito podría afectar la calidad educativa y debilitar la responsabilidad compartida entre familias y autoridades para garantizar que niñas, niños y adolescentes permanezcan en las aulas.
