El “Clan de la Costa” se apodera de Soapa
Redacción.
Detrás del reciente nombramiento en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA), se esconde una sofisticada red de tráfico de influencias y reciclaje político que apunta directamente a un pacto de impunidad y cuotas de poder. El ascenso de Jesuhandy Conde no representa un cambio técnico, sino la consolidación del nepotismo como moneda de cambio en Oaxaca.
El Expediente: Un Perfil de Lealtades, No de Capacidades
El historial de Jesuhandy Conde no destaca por su gestión hídrica, sino por su operatividad financiera bajo la sombra de figuras polémicas. Su paso como tesorero en San Pedro Mixtepec —bajo el cobijo de Freddy Gil Pineda Gopar— marcó el inicio de una carrera ligada a los intereses del grupo político de la Costa y al viejo andamiaje del PRI estatal.
El Conflicto de Interés: La Conexión Herrera-Conde
La designación de Conde dispara todas las alarmas de conflicto de interés. Al ser esposo de la diputada local Monserrat Herrera, el nombramiento rompe con la ética institucional:
- Cuotas Legislativas: Se presume que la titularidad de SOAPA fue entregada como una “concesión política” a cambio de lealtad legislativa.
- Imposición Territorial: Se documenta que la diputada Herrera fue impulsada en un distrito ajeno a su origen, utilizando la estructura operativa de su esposo para “planchar” su llegada al Congreso.
El Reciclaje del “Viejo Régimen”
La investigación de campo vincula a Conde con el ex dirigente estatal del PRI, Eduardo Rojas Zavaleta. Esta tríada (Conde-Pineda Gopar-Rojas) sugiere que SOAPA ha sido entregada a un grupo que busca reactivar financieramente las estructuras del pasado.
EL DATO: Mientras la capital oaxaqueña enfrenta una crisis histórica de estiaje y falta de infraestructura, el organismo rector del agua queda en manos de un operador político cuya principal credencial es su acta de matrimonio y sus vínculos con los cacicazgos de la Costa.
Consecuencias para la Ciudadanía
El uso de SOAPA como botín político pone en riesgo el suministro de agua para miles de familias. La falta de un perfil técnico garantiza la continuidad de la ineficiencia, priorizando el pago de favores por encima de la reingeniería que el sistema de aguas exige con urgencia.
