Senado declara constitucional reforma contra el feminicidio en México
El Senado de la República declaró constitucional la reforma en materia de feminicidio, después de que obtuvo el respaldo de 27 congresos estatales, por lo que el decreto fue enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación y entrada en vigor.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, explicó que esta modificación permitirá al Congreso de la Unión crear una ley general que fortalezca las acciones de prevención, investigación, sanción y reparación del daño en casos de feminicidio, delito considerado uno de los más graves y sensibles que enfrenta la sociedad mexicana.
Dentro de los artículos transitorios, la reforma establece que el Senado y la Cámara de Diputados tendrán un plazo de 180 días para emitir una Ley General contra los crímenes de género, en la cual se homologuen los delitos y castigos relacionados con el feminicidio en todo el territorio nacional.
La legisladora señaló que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, aunque advirtió que la cifra real podría ser mayor. Asimismo, detalló que en el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 148 casos, lo que refleja la persistencia de la violencia extrema contra mujeres y niñas.
Con esta nueva legislación se busca unificar criterios de investigación y actuación en todo el país, con el objetivo de garantizar la protección de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres.
Por su parte, la senadora de Morena, Nora Rubalcava, destacó que la igualdad de género debe ser el eje central de las instituciones, al señalar que no basta con reconocer la violencia estructural, sino que es necesario combatirla de manera efectiva desde el sistema de justicia. También subrayó que el debido proceso es fundamental para asegurar investigaciones sólidas y sentencias apegadas a la ley.
La declaratoria de constitucionalidad fue posible gracias al aval de congresos estatales de distintas entidades del país, entre ellas Oaxaca, lo que permitió formalizar la reforma y avanzar hacia un marco legal más uniforme para combatir el feminicidio.
