Senado aprueba reforma contra extorsión: elevan penas hasta a 42 años
El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma presidencial impulsada por Claudia Sheinbaum para tipificar a nivel nacional el delito de extorsión y elevar sus penas, que en los casos más graves —como los “monta-choques” o delincuentes que extorsionan desde prisión— alcanzarán hasta 42 años de prisión.
El dictamen introdujo 20 cambios a 15 artículos y agregó un artículo transitorio en materia de telecomunicaciones para castigar a quienes utilicen dispositivos electrónicos o plataformas digitales en penales para extorsionar.. Además, corrigió la minuta proveniente de la Cámara de Diputados para incrementar las penas mínimas y máximas del tipo básico, que pasaron de seis a 15 años a 15 a 25 años, a fin de evitar reducciones que hubieran desencadenado la liberación anticipada de extorsionadores sentenciados en estados como Chihuahua, Quintana Roo, Michoacán y Morelos.
La nueva normativa expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y reforma el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por primera vez se establece un tipo penal homologado para todo el país. La extorsión se define como la conducta mediante la cual una persona “sin derecho, obligue a otra a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo beneficio o lucro para sí o para otro, o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico”.
¿Cuáles son las penas que establece la reforma contra la extorsión?
El dictamen fija tres niveles de penalidad agravada:
- 19 a 33 años
Para cobros continuos; extorsión a comerciantes, empresarios o productores; imposición de precios; uso de terceros sin conocimiento; aprovechamiento de dependencias públicas; extorsión a candidatos o autoridades; o exigencia de dinero aprovechando situaciones de peligro.
- 20 a 37 años
Cuando la víctima sea migrante, menor, adulto mayor, embarazada o persona con relación de confianza; cuando se usen datos personales, imágenes o información privada; medios electrónicos; simulación de secuestro; o terceros para recibir pagos.
- 31 a 42 años
Cuando exista violencia física o moral; en casos de “monta-choques”; uso de armas; ostentación de pertenencia criminal; impida la denuncia; se busque censurar a periodistas o defensores; se suplante a servidores públicos; cuando participe un funcionario; si se comete desde prisión; si afecta la economía comunitaria; si se usan menores; o si participan varias personas.
La reforma también sanciona conductas vinculadas:
- 4 a 12 años para quien coopere en cualquier modalidad de extorsión.
- 4 a 16 años a servidores públicos que filtren información confidencial.
- 10 a 20 años y hasta 400 UMA a quienes omitan denunciar.
- 6 a 12 años para quien introduzca dispositivos electrónicos a penales. Cuando participen servidores públicos o personas privadas de la libertad, las penas aumentarán hasta la mitad.
Investigación especializada y combate desde penales
Las fiscalías deberán crear unidades especializadas en extorsión, con personal evaluado y certificado bajo estándares del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras se establecen, podrán apoyarse en las Unidades Antisecuestro.
La ley ordena bloquear comunicaciones desde centros penitenciarios, uno de los principales focos de extorsión telefónica en el país.
¿Qué modificó el Senado a la reforma contra la extorsión?
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que el Senado realizó 15 ajustes sustantivos, entre ellos:
- Elevar las penas mínimas y máximas para evitar liberaciones anticipadas.
- Ajustar agravantes para hacerlas aplicables —como pasar de “afectar la economía de la entidad” a “afectar la economía de una comunidad”.
- Modificar reglas de reparación del daño y destino de recursos de extinción de dominio.
- Revisar el uso de pruebas para garantizar constitucionalidad.
- Reincorporar la sanción original para servidores públicos omisos.
- Eliminar beneficios preliberatorios, en congruencia con la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Corral defendió que la nueva ley “cierra todas las rendijas a los extorsionadores” y homologa tipos penales y protocolos en todo el país para terminar con la disparidad de penas y la impunidad.
Posturas en tribuna
El senador Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que la reforma crea una política de Estado contra un delito “que afecta como pocos la seguridad de la sociedad mexicana” y que se ha expandido con el uso de tecnología y la operación de grupos criminales desde cárceles.
Subrayó que la ley contempla un amplio catálogo de agravantes, sanciones a redes de apoyo, medidas estrictas en penales, y un sistema robusto de protección a víctimas.
Por su parte, la senadora tricolor Carolina Viggiano anunció voto a favor de su grupo parlamentario, pero criticó: el impacto de la estrategia de “abrazos, no balazos” en el crecimiento de la extorsión. La falta de fortalecimiento institucional. La ausencia de presupuesto para implementar la ley. El riesgo de penas desproporcionadas que podrían afectar a personas de bajos recursos”.
La senadora pidió reconocer las realidades estatales y cuestionó que la penalidad uniforme no distingue entre extorsiones de alto impacto y casos menores.
La senadora Alejandra Barrales advirtió que el crecimiento de este delito va ligado al avance del narcotráfico y que hoy es uno de los ilícitos que “tiene de rodillas” a un número creciente de familias mexicanas.
La senadora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez, advirtió que la nueva ley corre el riesgo de quedar como “un catálogo de buenas intenciones” si no se garantiza presupuesto suficiente para su implementación.
Subrayó que se trata de un fenómeno que crece, dijo, en ocasiones con la tolerancia o complicidad de autoridades de todos los niveles, lo que explica una cifra negra del 97 por ciento, según el INEGI.
También advirtió que la ley exige la creación de unidades especializadas en extorsión, con ministerios públicos, policías y analistas certificados, pero sin recursos asignados para ello. Señaló tres focos rojos:
El noveno transitorio impide incrementar el presupuesto para este año y prácticamente también para 2026.
En el Presupuesto de Egresos, la Fiscalía General de la República sufrió un recorte superior a 900 millones de pesos.
El FASP, fondo clave para seguridad en estados y CDMX, solo tendrá un incremento del 0.5 por ciento, insuficiente para instalar y sostener unidades especializadas.
“¿Con qué recursos van a operar estas unidades? ¿Con qué se va a capacitar y certificar al personal?”, cuestionó la legisladora, quien también advirtió que los mecanismos de protección a víctimas y testigos requieren financiamiento para ser eficaces.
Murguía concluyó que ninguna ley, “por perfecta que sea, puede reducir un delito solo con publicarse”, y reiteró que mientras no haya recursos, el mayor problema seguirá siendo la impunidad.
El dictamen fue aprobado por unanimidad con 110 votos a favor y turnado a la Cámara de Diputados para su ratificación.
Nota de origen: https://oem.com.mx/elsoldemexico/mexico/senado-aprueba-reforma-contra-extorsion-26875387
Fuente original de fotografía: El Sol de México.
