Contraste y paralelismos del fenómeno político-social de las primaveras en el mundo, más alla de un simple eslogan vistoso y popular
El término primavera, ha sido una metáfora que se ha utilizado para referirse a movimientos político-sociales que pretenden cambios y reformas en contextos autoritarios y represivos. Las primaveras han sido el impulso de cambios profundos en sus respectivos contextos. Desde la Primavera Árabe hasta la Primavera de Praga, cada uno surgió como una respuesta organizada a circunstancias límite que socavan derechos y legitimidad política.
Las primaveras entendidas como movimientos sociales que buscan romper con estructuras autoritarias, injustas o excluyentes, representan momentos cruciales en la historia política de muchas naciones. En América Latina, Europa del Este y el mundo árabe, estas explosiones sociales han implicado profundas redefiniciones del contrato social.
En todas las primaveras el desencanto con la institucionalidad fue central, la imperiosa falta de canales democráticos, opacidad, represión y corrupción. La chispa puede haber sido un aumento, una elección, o una represión desmedida, pero la gasolina fue la acumulación de injusticias estructurales.
Ejemplo claro de ello es la Primavera Árabe en Túnez (2010-2011), iniciada tras el suicidio del vendedor ambulante Mohamed Bouazizi. La represión de las autoridades, sumada a décadas de desempleo, corrupción y falta de libertades políticas, provocó un levantamiento que culminó con la caída del régimen de Ben Ali. Lo notable de Túnez fue la consolidación posterior de una transición constitucional relativamente pacífica, con una nueva Carta Magna en 2014, negociada entre sectores políticos, sindicatos y sociedad civil. Este proceso fue posible gracias a la legitimidad de los actores negociadores y a la existencia de instituciones que, pese a sus limitaciones, no estaban completamente deslegitimadas.
En cambio, casos como el de Egipto, también en el contexto de la Primavera Árabe, muestran los límites de la protesta sin institucionalidad consolidada. Tras la caída de Mubarak, la transición fue cooptada por los militares, y la breve etapa democrática fue anulada por un nuevo autoritarismo encabezado por el general Al-Sisi. Esto demuestra que sin mecanismos claros de garantía democrática y sin una cultura cívica sólida, las primaveras pueden terminar reforzando las mismas estructuras que pretendían destruir.
En contraste, aunque Oaxaca no ha atravesado una primavera con esa denominación, su prolongado marco de inestabilidad social, marginación y conflicto político guarda paralelismos significativos con los detonantes y condiciones de esas primaveras históricas.
Las primaveras históricas se motivaron por condiciones estructurales como pobreza, represión, desigualdad y ausencia de canales democráticos de participación. En Oaxaca, esas mismas raíces persisten: según datos del Coneval, aproximadamente el 61.4 % de su población vive en pobreza multidimensional, y 1 de cada 4 personas carece de ingresos para alimentarse de forma digna (2016-2022). Además, los rezagos en salud, educación, vivienda y seguridad social destacan por encima del promedio nacional, especialmente en zonas indígenas.
Oaxaca, aunque no etiquetada bajo ese término, ha vivido fenómenos análogos cuyo origen y evolución presentan puntos de contacto con esas experiencias internacionales. Esta comparación permite pensar no solo en los paralelismos, sino también en las rutas posibles hacia una transformación democrática duradera.
En Oaxaca, el estallido de 2006 comparte con Túnez y Egipto el origen social del conflicto: exclusión, precariedad institucional, represión y falta de representación. Sin embargo, su desenlace quedó atrapado entre la represión y la fragmentación. A diferencia de Túnez, Oaxaca carecía de una ruta o pactos institucionales que canalizan el conflicto hacia un proceso transformador. Tampoco tuvo la fuerza de reorganización nacional de Egipto. En lugar de ello, subsistió una especie de status quo inestable, en donde emergieron formas de autogobierno local, pero sin reformar el sistema político estatal de fondo.
Los movimientos sociales de ruptura han marcado la historia de los pueblos en momentos de crisis de legitimidad, desigualdad estructural y exclusión política. En el ámbito académico y jurídico, estos procesos han sido entendidos como manifestaciones de poder constituyente o como ejercicios de ciudadanía radical ante la ausencia de canales institucionales efectivos. Las llamadas primaveras deben analizarse como fenómenos donde el orden constitucional se ve interpelado y, en algunos casos, rediseñado. Oaxaca, entidad federativa con profundas desigualdades y una historia de lucha comunitaria, ha vivido expresiones similares que, aunque no llevaron a un nuevo pacto constitucional, sí evidenciaron la necesidad de replantear las bases del Estado de Derecho en contextos pluriculturales.
Desde una perspectiva constitucional, como señala Luigi Ferrajoli y Karl Loewenstein, una constitución democrática no se limita a ser una norma jurídica organizadora del poder, sino que incorpora garantías sustanciales y procesales que limitan el poder estatal y protegen los derechos fundamentales. Sin embargo, cuando estos derechos se convierten en letra muerta y el poder no encuentra frenos eficaces, el orden constitucional pierde legitimidad material. En 2006, Oaxaca vivió un momento de ruptura social, en el que los reclamos giraban en torno a la exclusión, el autoritarismo, la represión policial y la falta de canales democráticos de participación efectiva. En ese sentido, el movimiento puede entenderse como un intento de ejercer poder constituyente desde abajo, no con la intención de reemplazar la constitución formal del Estado mexicano, sino de denunciar su falta de eficacia en contextos locales.
El análisis comparado resulta ilustrativo. En Túnez, tras la caída del régimen de Ben Ali, se instauró un proceso constituyente que culminó en una nueva constitución en 2014, negociada entre partidos, sindicatos y sociedad civil, bajo principios de derechos humanos, división de poderes y pluralismo religioso. En contraste, el caso egipcio mostró cómo un levantamiento popular puede ser cooptado por el aparato militar y derivar en un nuevo autoritarismo. La lección es clara, sin canales constitucionales abiertos a la participación, el riesgo de regresión institucional es alto.
En Oaxaca, la Constitución local no contemplaba mecanismos de democracia participativa o representativa intercultural eficaces que permitieran la interlocución directa con los pueblos originarios. Si bien el artículo 16 reconoce sistemas normativos internos, la falta de vinculación con los mecanismos de planeación estatal impide que estas formas de gobierno tengan incidencia real en las decisiones públicas. Aquí, el déficit no es solo jurídico, sino también de justicia constitucional: no existe una vía clara de control de constitucionalidad local efectivo que permita revisar leyes o decisiones administrativas que vulneren los derechos de las comunidades.
Desde la teoría constitucional, autores como Peter Häberle, han insistido en que toda constitución debe ser vista como un proceso abierto, dinámico y plural, donde participan no solo los órganos del Estado, sino también la sociedad civil. En Oaxaca, esta visión aún no se ha institucionalizado. En cambio, lo que prevalece es un sistema rígido, poco incluyente, donde las reformas constitucionales no surgen de la deliberación pública, sino de pactos entre élites políticas.
Una propuesta desde el enfoque jurídico y académico exige considerar la posibilidad de construir constituciones más porosas a la diversidad, con mecanismos de revisión participativa periódica, como lo sugieren algunos modelos latinoamericanos como el boliviano o el ecuatoriano. Asimismo, es urgente fortalecer el control de convencionalidad, de manera que tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas tengan fuerza normativa directa en el diseño institucional local.
También debe considerarse que la protección de los derechos fundamentales no puede entenderse sin el principio de justiciabilidad y exigibilidad, como lo señala Ferrajoli. Esto implica que los órganos judiciales, particularmente los tribunales constitucionales, deben tener independencia, legitimidad y competencias claras para revisar no solo actos de autoridad, sino también omisiones estructurales que perpetúan la desigualdad.
Lo anterior abre la posibilidad de explorar caminos propositivos para Oaxaca. Primero, aprender de procesos exitosos, fortaleciendo el tejido social intermedio como son sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades indígenas, universidades y medios locales deben jugar un papel articulador. Segundo, se requiere una reforma institucional profunda que mejore los canales de participación, rendición de cuentas y justicia comunitaria, bajo esquemas de pluralismo intercultural. En tercer lugar, la inversión en educación cívica, digital y política, con énfasis en juventudes y mujeres, es clave para superar la desafección democrática.
Oaxaca se encuentra ante una encrucijada. Su historia reciente ha demostrado que el orden jurídico formal no ha sido suficiente para responder a las demandas sociales de justicia, igualdad y participación. Retomar las lecciones de las primaveras implica no repetir sus errores, pero también aprender de sus aciertos: crear canales de interlocución legítimos, reformar las estructuras jurídicas que reproducen exclusión y, sobre todo, reconocer que el constitucionalismo moderno exige una dimensión intercultural, participativa y garantista. Solo así, movimientos como el de 2006 dejarán de ser vistos como rupturas aisladas y podrán convertirse en parte de un proceso sostenido de democratización desde abajo.
La historia reciente demuestra que las primaveras no garantizan por sí mismas el cambio. Lo que importa es lo que viene después, la construcción de instituciones, la reconciliación social, y sobre todo, la voluntad política para escuchar las demandas profundas. Si se fortalece su capacidad de incidir en las decisiones públicas, con reglas claras y transparentes, su primavera silenciosa podría convertirse en ejemplo de transformación democrática desde abajo, dejando de ser un simple y bano eslogan de gobierno para convertirse en una realidad.
