Dante Montaño y su familia, el nuevo cártel del despojo de mansiones
Un escándalo de proporciones mayúsculas sacude Oaxaca, poniendo en el ojo del huracán a la familia del diputado local petista, Dante Montaño Montero. Se les vincula directamente con un presunto despojo inmobiliario millonario, orquestado a través de una intrincada red de simulaciones y prestanombres, que ha mantenido en vilo al legítimo propietario de una propiedad valuada en 35 millones de pesos.
El epicentro de este conflicto es un predio de 2,475 metros cuadrados en el idílico municipio de Tlalixtac de Cabrera, específicamente en el paraje conocido como Barrio de San Antonio, Séptima Sección, ahora la calle Vicente Guerrero. Pero no estamos hablando de un terreno cualquiera. Este oasis de lujo ostenta una construcción de 1,764 metros cuadrados con acabados de primera calidad, una exuberante área verde adornada con palmeras y vegetación exótica, una piscina de 130 metros cuadrados que evoca un resort privado, y un acceso vehicular de concreto hidráulico que grita opulencia. Esta es la residencia que, desde 2005, la familia Montaño Montero ha poseído ilícitamente, según la denuncia que ha destapado esta red de engaños.
Un fallo judicial contundente: la justicia ordena la restitución
La paciencia del sistema judicial ha llegado a su límite. El juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro ha dictado una resolución inapelable: el predio debe ser devuelto a su legítimo propietario, con todos sus frutos y accesiones.
Esta orden judicial no es reciente. Se basa en el expediente 84/2012 del Juzgado Segundo de lo Civil, un Juicio Ordinario Civil Sobre Inexistencia y Nulidad de Contrato de Compraventa y Reivindicación de Inmueble. Ya el 23 de octubre de 2017, una sentencia declaró a R.F.D.A. como el legítimo propietario, condenando a Fernando José Sánchez Ortiz y María del Rosario de los Santos Toledo —quienes resultaron ser los prestanombres de la familia Montaño Montero— a la reivindicación del inmueble.
La telaraña del engaño: dos intentos de despojo
El modus operandi de este presunto despojo se revela como una saga de artimañas legales:
Primer intento: la compraventa simulada. Los prestanombres, Fernando José Sánchez Ortiz y María del Rosario de los Santos Toledo (padres del diputado Dante Montaño), simularon una compraventa con José Luis Gutiérrez Salgado, otro prestanombre. Contaron con la complicidad del Notario Público número 19, Lic. Rodolfo Morales Moreno, quien dio fe de una transacción que, según la sentencia del 23 de septiembre de 2017, fue declarada de nulidad absoluta. La sentencia condenó directamente al Notario y a los Directores del Registro Público de la Propiedad y del Comercio e Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, sentando un precedente demoledor.
Segundo intento: la fantasma cesión de “derechos parcelarios”. Frente al fracaso del primer intento, los prestanombres optaron por una estrategia aún más audaz: simularon una cesión de supuestos “derechos parcelarios” directamente a los padres del diputado, Heladio Jacobo Montaño Márquez y Josefina Montero Garnica. Estos, de puño y letra, firmaron un documento que buscaba justificar la posesión ilícita del inmueble desde 2005. Sin embargo, la Juez Rivera Soriano ha sido tajante al desestimar este documento, calificándolo de una coartada ilegal. La Ley Agraria es clara en cuanto a los documentos válidos para acreditar la titularidad de tierras ejidales, y esta supuesta cesión no cumple con ninguno de los requisitos legales.
Ejecución forzada a la vista: la fuerza pública actuará
Ante la negativa de los condenados a cumplir voluntariamente la sentencia de 2017, argumentando falsamente que el inmueble es de régimen comunal y no privado, la Juez María Aurora Rivera Soriano ha ordenado la ejecución forzada de la sentencia con el auxilio de la fuerza pública. Esto significa que las autoridades intervendrán para garantizar la restitución del predio al legítimo propietario.
La sentencia, emitida por el Juzgado 2º Civil, en el expediente 084/2012, es cristalina: Fernando José Sánchez Ortiz y María del Rosario de los Santos Toledo, los prestanombres de la familia Montaño Montero, deben devolver el predio con todos sus frutos y accesiones a la parte afectada.
El legítimo propietario, cuya identidad se mantiene protegida, ahora exige la reparación del daño por casi dos décadas de despojo y la posesión ilícita de una propiedad que se ha transformado en un símbolo de lujo y exceso, mientras el escándalo crece en torno a la familia del diputado Dante Montaño.
