Por despido de sobrina alcohólica, desata Nancy Ortiz campaña contra funcionarios
La tranquilidad política en Oaxaca se ha visto fracturada por una presunta furia personal que, según diversas voces, estaría impulsando a Nancy Ortiz Cabrera, delegada estatal de los Programas para el Bienestar, a emprender una campaña de golpeteo sin precedentes contra el gobierno de Salomón Jara Cruz. El epicentro de esta escalada de tensión sería el despido de su sobrina, Melina Ponce Castelán, lo que habría desatado una ola de ataques mediáticos y políticos utilizando la estructura de los Servidores de la Nación.
Los señalamientos son contundentes: la Delegada de Bienestar tomó como una afrenta personal la salida de su sobrina, Melina Ponce, de su cargo como Coordinadora Operativa del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Este despido, enmarcado en un contexto polémico tras la detención de Ponce Castelán en un alcoholímetro –donde, en lugar de asumir responsabilidad, habría acusado públicamente al gobernador Jara y al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, de orquestar su arresto mientras se encontraba en tercer estado de ebriedad–, habría encendido la mecha de la indignación de Ortiz Cabrera.
“Es una venganza personal, pura y dura”, afirmó una fuente cercana a la administración estatal, quien pidió anonimato por la delicadeza del asunto. “El despido de su sobrina la ha desbordado, y ahora está usando todos los recursos a su alcance para dañar la imagen del gobernador y su equipo”.
La supuesta ofensiva de Ortiz Cabrera no se limita a un descontento discreto. Se ha denunciado un uso faccioso de la estructura federal a su cargo. Los Servidores de la Nación, supuestamente encargados de la operación de los programas sociales, habrían sido convertidos en un “brazo operativo” para la distribución masiva de mensajes, memes y notas difamatorias en redes sociales y otros canales de comunicación. Los blancos de esta campaña son claros: el gobernador Salomón Jara Cruz, funcionarios del Gobierno del Estado, y hasta la hija del mandatario, Bxido Jara.
La exigencia es unánime desde diversas voces: el gobierno federal debe intervenir para revisar con seriedad la actuación de Nancy Ortiz Cabrera. La pregunta que flota en el aire es si, ante esta evidente “vendetta familiar” y el uso indebido de los programas sociales, la Delegada aún puede ser considerada una funcionaria confiable y comprometida con los principios de la Cuarta Transformación. La situación actual, impulsada por una furia personal, amenaza con socavar la unidad y la ética pública en el estado de Oaxaca.
