La elección judicial, la oportunidad de un parteaguas en la sociedad mexicana

El próximo 1 de junio, México, vivirá un hecho sin precedentes, la elección de las personas juzgadoras que integrarán el poder judicial de la federación. De ahora en adelante, las personas que aspiren a desempeñarse como jueces, magistrados o ministros, serán electas en las urnas, a través del voto popular de la ciudadanía. Esto como resultado de la reforma al poder judicial aprobada en septiembre de 2024, la cual introdujo cambios significativos en varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como la modificación y creación de diversas leyes, como lo es la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley de Carrera Judicial, Ley de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial; de igual forma requirió de que el INE, adecuará su estructura, reglamentación y presupuesto para llevar a cabo la implementación del nuevo proceso electoral.

Han transcurrido 14 meses desde que fue presentada la iniciativa de reforma al poder judicial, la cual dio origen a una serie de pronunciamientos a nivel nacional e internacional por diversos actores políticos, algunos académicos, y organizaciones sociales, dividiendo la opinión de la ciudadanía; y 7 meses desde su aprobación y entrada en vigor de dicha reforma. Dejando atrás la lucha fáctica o mediática, según el caso, de la defensa o no, del poder judicial y su reforma.

Se discutió si era legal o no, reformar al poder judicial y la forma en que se hizo. Parafraseando al expresidente López Obradro, la reforma fue legal, en virtud de que se hicieron todas las adecuaciones que se consideraron necesarias para ello, conforme a lo que establece la CPEUM para llevar a cabo una reforma constitucional, si en este contexto cabe la moralidad, saber si fue moral o no, probablemente llevará más tiempo y corresponderá a ciencias como la historia, el derecho, la teoría política y al juicio del pueblo mexicano señalar el éxito o el fracaso de la reforma y escribirlo en una más de las páginas de la historia del país.

En México, hoy se enfrenta una nueva realidad en el contexto político, jurídico y social, en medio de un nuevo proceso, el electoral judicial, que hasta el momento se desarrolla en una aparente calma y civilidad, sin que esto haga desaparecer la incertidumbre que la ciudadanía y los aspirantes tienen acerca del proceso en sí.

Con base en los antecedentes que se tienen de la baja participación ciudadana en los procesos político electoral, así como el hecho del amplio desconocimiento que ha caracterizado al electorado, acerca de quienes han sido las y los candidatos a las diputaciones locales, federales y el senado, hoy resulta incierto y poco creíble que la ciudadanía sepa a cabalidad porqué y por quien estará emitiendo su voto.

Es pertinente señalar que, el ministerio público, quien para sus investigaciones es auxiliado por las agencias de investigaciones ya sea federal o local, y que hasta 2001 se denominaba Policía Judicial y que quizá es de ese nombre donde surge la gran confusión por parte de la población.

Se debe tener claro que nada tiene que ver con ello, el Poder Judicial de la Federación, quien a través de Jueces, Magistrados y Ministros se encarga de impartir justicia mediante la interpretación de la ley para resolver conflictos. A manera de ejemplo práctico, los jueces resuelven conflictos y crímenes; los magistrados revisan las decisiones de los jueces, una vez que se realice la apelación de la decisión de los jueces; los ministros resuelven conflictos relacionados con la adecuada interpretación de las leyes y su ámbito de aplicación. Es entonces que en la elección del 1 de junio está en juego elegir a las personas que llevarán a cabo estas funciones de impartición de justicia.

Es por ello que es de vital importancia que las personas juzgadoras que integrarán el poder judicial de la federación estén ajenas a la influencia del poder legislativo y ejecutivo, partidos políticos, así como de factores económicos y de cualquier otro que pueda ejercer algún poder de control o limitación sobre ellas, para evitar la politización y sesgo de la impartición de justicia. Es así como se pretende garantizar el principio de independencia judicial, con la finalidad de que las personas juzgadoras sean imparciales en su toma de decisiones, es decir, que dejen fuera la simpatía, compromisos o afinidad de cualquier tipo, haciendo valer solo principios jurídicos, derechos fundamentales y humanos contemplados en las leyes y la constitución.

Dejando de lado si el proceso electoral judicial es democratizador o no, lo cierto es que la falta de información de cómo se llevará acabo este y la falta de formación cívica de la ciudadana juega en contra y dificulta lo que dice ser uno de los objetivos de la reforma judicial, la implementación de la elección popular de personas juzgadoras. Lo que evidencia una deficiencia de esta decisión y del proceso y sin profundizar en la omisión de mecanismos para garantizar la representación de grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, en el poder judicial.

Es probable, que aun con el riesgo que esto implica, una de las bondades de la reforma judicial y de efectuar la elección judicial, es que, da la apertura para que aspiren a ocupar los cargos de jueces, magistrados y ministros, personas con perfiles de gran experiencia y gran valía, que de otra forma difícilmente podrían tener esa oportunidad para poner sus conocimiento, experiencia y buena praxis al servicio del país, la ciudadanía, el derecho y la justicia.

A manera de recordatorio, un tanto romántico, para quienes participan, pero sobre todo, para quienes en algún momento resulten beneficiados con el voto mayoritario en el proceso de elección judicial, tengan presente las palabras del maestro  Eduardo J. Couture, contempladas en el decálogo del abogado:

• Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.

• Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

• Trabaja. La abogacía es una dura fatiga pues está al servicio de la Justicia.

• Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha siempre por la justicia.

En este sentido es importante que la ciudadanía se dé la oportunidad de involucrarse de manera informada y responsable en la vida política y en la toma de decisiones del país, y con ello evitar que un grupo reducido lo haga en nombre de ella.

Que el proceso de elección judicial, sea el parteaguas para que el electorado comprenda la importancia de cumplir con su deber cívico del ejercicio de su derecho al voto y la elección de las personas juzgadoras resulte de una sustancial participación ciudadana en las urnas y no el producto del abstencionismo. De igual forma quizá sea el punto de partida para que las y los estudiosos del derecho, así como las universidades, facultades de derecho, barras de abogados y organizaciones civiles a fines, sean más proactivas en cuanto a compartir y difundir el conocimiento y saber jurídico, haciéndolo accesible a todas las personas sin restricción del perfil o grado académico, condición social o creencias, permitiendo así el pleno ejercicio de los derechos de la población.