Activistas e influencers exigen pagos atrasados por limpiar la imagen de Netanyahu
La oficina de propaganda internacional de Israel enfrenta varias demandas millonarias de activistas, influencers y empresas mediáticas que aseguran no haber recibido pagos por su trabajo en campañas para promover y limpiar la imagen de Israel tras el inicio del conflicto en Gaza en octubre de 2023, informó Middle East Eye.
Según el diario israelí Calcalist, contratistas privados y promotores digitales que participaron en la Hasbará —la estrategia oficial de diplomacia pública del país— reclaman remuneraciones correspondientes a los primeros meses de la guerra, después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.
Entre los demandantes se encuentran dos compañías que realizaron estudios y organizaron campañas de activismo en Europa para funcionarios israelíes, reclamando casi dos millones de shekels (aproximadamente 650 mil dólares). Una de estas empresas incluso montó un estudio dedicado para entrevistas con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant.
Otra firma, Intellect, exige más de 1.5 millones de shekels a la oficina del primer ministro. Esta compañía pagó vuelos a La Haya para activistas que buscaban contrarrestar protestas pro-palestinas durante audiencias judiciales sobre el conflicto.
El exvocero Eylon Levy, conocido mediáticamente en Reino Unido e Israel, confirmó que también se le adeudaban pagos, aunque decidió no sumarse a la demanda tras desistir de intentar cobrarlos. A pesar de no estar formalmente vinculado al gobierno, Levy continúa participando en labores de Hasbará.
Según Calcalist, tras el 7 de octubre se contrataron decenas de activistas y contratistas independientes por falta de personal en la dirección de Hasbará. Muchos de ellos no eran empleados estatales, sino de empresas privadas, que se convirtieron en el canal de pago principal para quienes representaban a Israel internacionalmente. Los contratistas describen el trabajo como “caótico y desorganizado”.
En 2024, el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, lideró campañas de Hasbará dirigidas a universidades estadounidenses, buscando redefinir la legislación sobre antisemitismo. En septiembre, Israel asignó un presupuesto extra de 150 millones de shekels (49 millones de dólares) para diplomacia pública, sumándose a los 520 millones de shekels (170 millones de dólares) ya existentes, fondos que fueron retirados del presupuesto de educación superior.
La oficina de Netanyahu admitió irregularidades en los procesos de contratación, mientras continúa destinando cientos de millones de shekels a campañas internacionales para justificar sus acciones en Gaza y enfrentar acusaciones de crímenes de guerra. Las demandas actuales cuestionan no solo la gestión de la propaganda israelí, sino también la forma en que se utilizan los recursos públicos para mantener una narrativa favorable a Israel.
