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Oaxaca tendrá fiscalías especializadas en tortura y desaparición forzada

  • Con esta reforma se crea la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y Derechos Humanos

San Raymundo Jalpan, Oax., a 03 de marzo de 2026.- Con el firme compromiso de garantizar la justicia, la verdad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, el Congreso del Estado aprobó con 33 votos a favor el dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, mediante el cual se crean la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos, Degradantes y Delitos Vinculados; y la Fiscalía Especializada en la Investigación de la Desaparición Cometida por Particulares, Desaparición Forzada y Delitos Vinculados.

El dictamen aprobado por la LXVI Legislatura marca un paso trascendental en la transformación del sistema de justicia en la entidad, porque las fiscalías contarán con personal altamente capacitado, protocolos forenses especializados, análisis de contexto y cadena de mando, además de medidas reforzadas de protección a víctimas y testigos.

La propuesta deriva de más de once reuniones de trabajo y de un foro de análisis realizado el año pasado, en el que participaron colectivos de víctimas, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, la Fiscalía General del Estado (FGEO) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), entre otras instancias, lo que permitió construir un marco normativo alineado con estándares nacionales e internacionales.

La Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y Derechos Humanos cuenta con atribuciones para emitir o suscribir los instrumentos jurídicos necesarios para su adecuada operación, así como para establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las comisiones estatales de derechos humanos y diversas instancias de los tres órdenes de gobierno.

También podrá vincularse con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de las víctimas, conforme a las políticas y lineamientos institucionales, a fin de asegurar el óptimo cumplimiento de sus funciones.

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