Debilitamiento del Estado, infiltración criminal y crisis de legitimidad
Uno de los mayores riesgos para el Estado constitucional contemporáneo no es únicamente la violencia directa ejercida por organizaciones criminales, sino la infiltración progresiva de factores reales de poder en la estructura formal del Estado. Cuando el crimen organizado y el narcotráfico no solo operan al margen de la ley, sino que inciden en la toma de decisiones públicas, colocan funcionarios afines o condicionan políticas gubernamentales, se produce una erosión profunda de la legalidad, la legitimidad y la credibilidad institucional.
El operativo del 22 de febrero de 2026, que culminó con el abatimiento de un líder de alto perfil del crimen organizado, generó reacciones armadas coordinadas en diversas entidades federativas. Más allá del hecho concreto, el episodio revela interrogantes estructurales sobre la capacidad del Estado mexicano para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y preservar su integridad institucional.
La teoría constitucional reconoce que el Estado no se agota en su diseño normativo. Junto a la estructura formal existen los llamados “factores reales de poder” que, como señalaba Lassalle, pueden condicionar la eficacia de la Constitución. Cuando esos factores no son económicos o sociales legítimos, sino organizaciones criminales con capacidad armamentística y financiera equiparable o superior a la de ciertas instituciones públicas, el problema deja de ser meramente de seguridad pública y se convierte en un problema de constitucionalidad material.
El monopolio legítimo de la fuerza, descrito por Weber, constituye uno de los elementos definitorios del Estado moderno. Si grupos criminales reaccionan con acciones bélicas coordinadas en múltiples entidades federativas, ello evidencia no solo poder logístico y financiero, sino también capacidad territorial y redes de operación consolidadas. Esta situación obliga a cuestionar el grado de infiltración institucional y el alcance real de la soberanía interna.
La legalidad se refiere al apego formal a la norma; la legitimidad, a la aceptación social del ejercicio del poder; la credibilidad, a la confianza ciudadana en que las instituciones actúan con coherencia y eficacia. La infiltración criminal erosiona simultáneamente estos tres pilares.
Cuando la ciudadanía percibe que la reacción del Estado es selectiva, reactiva o motivada por presiones externas, por ejemplo, cooperación condicionada o eventos internacionales de alto perfil, se debilita la percepción de autonomía y coherencia estratégica. La cooperación internacional en materia de seguridad es jurídicamente válida; sin embargo, si se percibe como subordinación o respuesta coyuntural, afecta la legitimidad política interna.
La experiencia comparada demuestra que la estrategia centrada exclusivamente en la neutralización de líderes criminales, la llamada “decapitación”, no necesariamente desarticula las estructuras financieras y logísticas que sostienen a las organizaciones. Por el contrario, puede generar disputas internas por el control territorial, incrementando la violencia.
Un riesgo adicional es la simulación. Combatir discursivamente al crimen organizado mientras persisten redes de financiamiento, corrupción administrativa o tolerancia institucional. Si la estrategia no aborda los flujos financieros, la infiltración política y las economías ilícitas, la eliminación de un líder puede convertirse en un hecho mediático más que en una transformación estructural.
La presión internacional, particularmente cuando proviene de potencias con intereses económicos o geopolíticos, introduce una dimensión adicional. El equilibrio entre cooperación y soberanía es delicado. El derecho internacional permite la asistencia bilateral en seguridad, pero la conducción de la política pública debe responder prioritariamente al interés constitucional interno.
El impacto inmediato de episodios violentos coordinados es la sensación de vulnerabilidad de la población civil. Cuando las reacciones armadas afectan la vida cotidiana en múltiples entidades federativas, la pregunta central no es únicamente si el Estado puede capturar o abatir líderes, sino si puede proteger eficazmente a la población y garantizar derechos fundamentales como la vida, la seguridad y la libertad de tránsito.
El ciudadano no es un actor pasivo en este proceso. La corrupción, la tolerancia social a economías ilícitas y la normalización de vínculos indirectos con estructuras criminales también forman parte del ecosistema que permite su expansión. El fortalecimiento del Estado constitucional requiere no solo instituciones sólidas, sino ciudadanía crítica, informada y participativa.
La eliminación de un líder genera vacíos de poder que pueden detonar luchas internas por el control de plazas. Si la estrategia estatal no contempla escenarios de fragmentación, disputas territoriales y reconfiguración de alianzas criminales, el riesgo de escalamiento es real. Pensar que la neutralización de una figura central extingue la organización equivale a ignorar su estructura empresarial y transnacional.
La pregunta de fondo no es si el Estado puede realizar operativos de alto impacto, sino si posee una estrategia integral que incluya inteligencia financiera, depuración institucional, fortalecimiento del sistema de justicia y reconstrucción del tejido social.
El debilitamiento del Estado no ocurre de manera súbita, es el resultado de procesos acumulativos de infiltración, corrupción y tolerancia estructural. El operativo del 22 de febrero de 2026 debe analizarse más allá del impacto inmediato y del simbolismo político. Constituye una oportunidad para reflexionar críticamente sobre la fortaleza real del Estado mexicano, su legitimidad y la corresponsabilidad ciudadana.
El Estado constitucional no se sostiene únicamente en la capacidad de ejercer fuerza, sino en la confianza pública, la coherencia institucional y el respeto efectivo a los derechos fundamentales. La pregunta esencial no es si el líder cayó, sino si las estructuras que lo hicieron posible siguen intactas.
