Intervención, soberanía y espectáculo del poder
El derecho internacional contemporáneo surge, en buena medida, como un sistema normativo destinado a limitar el ejercicio del poder de los Estados más fuertes, principalmente en contextos de desigualdad económica, tecnológica y militar. Desde esta perspectiva, cualquier forma de intervención directa o indirecta en los asuntos internos de otro Estado especialmente cuando implica la privación de la libertad de sus gobernantes, se activa un debate jurídico, político y ético de primer orden. El análisis resulta aún más complejo cuando dicha intervención se justifica mediante discursos de salvación humanitaria, lucha contra el terrorismo o combate al crimen organizado.
Uno de los principios estructurales del derecho internacional es la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas (ONU, 1945). Estos principios no son meras fórmulas retóricas, sino límites jurídicos diseñados precisamente para evitar que los Estados con mayor capacidad económica y armamentística impongan su voluntad sobre países en vías de desarrollo.
Desde esta óptica, cualquier intervención que no cuente con un fundamento claro en el derecho internacional positivo, como puede ser una autorización expresa del Consejo de Seguridad, constituye una fractura del orden jurídico internacional, incluso cuando se reviste de discursos morales o humanitarios. El derecho internacional no fue concebido para legitimar cruzadas ideológicas, sino para contenerlas.
Reconocer la ilegitimidad de prácticas autoritarias o dictatoriales en pleno 2026 no implica, necesariamente, legitimar la intervención extranjera. Ambas posiciones no son excluyentes. Es posible y jurídicamente consistente, sostener que ninguna dictadura es defendible, y al mismo tiempo afirmar que la transformación política de un Estado corresponde a sus propios ciudadanos.
La autodeterminación no es una concesión ideológica, es un principio jurídico fundamental. Cuando la caída de un régimen se produce por imposición externa, el resultado suele ser una reconfiguración de dependencias, no una verdadera emancipación democrática. La historia reciente ofrece muchos ejemplos de procesos de “liberación” que culminaron en Estados fallidos, violencia estructural y pérdida de soberanía.
Uno de los elementos más persistentes del intervencionismo contemporáneo es el uso estratégico del lenguaje y los medios de comunicación. El discurso del enemigo, (narcotráfico, terrorismo, amenazas a la seguridad global) opera como una categoría flexible, capaz de adaptarse a distintos contextos históricos. No se trata de negar la existencia real de estos fenómenos, sino de identificar cuándo su señalamiento responde a una amenaza objetiva y cuándo funciona como pretexto legitimador del uso del poder.
En este sentido, la intervención ya no se justifica únicamente con tanques y misiles, sino mediante narrativas cuidadosamente estructuradas, amplificadas por medios tradicionales y, hoy en día, por plataformas digitales y redes sociales. La veracidad de los hechos suele quedar subordinada a la eficacia del relato.
La cultura ha sido históricamente un espacio de resistencia y advertencia. El fragmento de Two Minutes to Midnight (Iron Maiden, 1984) funciona como una potente metáfora del poder contemporáneo, no son las armas lo decisivo, sino las manos que firman, autorizan y ordenan. Esos minutos previos a la medianoche simbolizan el punto de no retorno, cuando una decisión tomada en la comodidad de una oficina determina el destino de miles o millones de personas.
La referencia a “Belsen en horario estelar” anticipa lo que hoy resulta cotidiano: la guerra y la intervención convertidas en espectáculo mediático, consumidas en tiempo real, donde la narrativa importa más que los hechos y la justificación más que la legalidad.
El análisis no se agota en Venezuela. Las condiciones estructurales que permiten la intervención, como puede ser la debilidad institucional, polarización social, criminalización del adversario político y dependencia económica, no son exclusivas de un solo país. México, por su posición geopolítica, su problemática de seguridad y su relación histórica con Estados Unidos, no es ajeno a estos riesgos.
De ahí la importancia de una ciudadanía informada y políticamente activa, capaz de distinguir entre cooperación internacional legítima y subordinación encubierta. El constitucionalismo democrático no se sostiene solo en normas escritas, sino en una sociedad que comprende el poder, lo cuestiona y lo limita.
El intervencionismo contemporáneo no se presenta como tal. Se disfraza de ayuda, seguridad o salvación. Frente a ello, el derecho constitucional y el derecho internacional ofrecen herramientas críticas para desenmascarar los abusos del poder, pero dichas herramientas resultan insuficientes sin una ciudadanía consciente. La historia solo se repite con nuevos nombres y tecnologías, cuando la sociedad renuncia a su responsabilidad política, anestesiada por el “opiáceo” discursivo de su tiempo.
