Rinden protesta los integrantes de la Comisión Permanente Instructora
- La legisladora Elvia Gabriela Pérez López fungirá como presidenta de esta comisión
San Raymundo Jalpan, Oax., a 08 de diciembre de 2025.- En cumplimiento al Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno el pasado 26 de noviembre del año en curso y conforme a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se declaró formalmente instalada la Comisión Permanente Instructora, órgano encargado de prevenir, contener, erradicar y sancionar la corrupción, el abuso de poder y cualquier conducta indebida cometida por servidoras y servidores públicos.
Durante la sesión, la legisladora Elvia Gabriela Pérez López rindió protesta como presidenta de la Comisión, junto con sus integrantes: las diputadas Cecilia Olivia Cruz Merlín y Mónica Belén López Javier, así como los diputados César David Mateos Benítez y Zeferino García Jerónimo, quienes se comprometieron a cumplir leal y patrióticamente con las responsabilidades conferidas. Asimismo, Paola Rendón García tomó protesta como secretaria técnica.
En este acto, las y los legisladores destacaron la relevancia del trabajo que emprenderá este órgano legislativo. El diputado Mateos Benítez y la diputada López Javier subrayaron la importancia de desarrollar las tareas con profesionalismo, responsabilidad y estricto apego a la ley. Desde una conexión a distancia, el diputado García Jerónimo reconoció el papel fundamental que esta instancia desempeñará para el fortalecimiento institucional.
Por su parte, la presidenta Pérez López agradeció la colaboración de quienes integran este órgano legislativo y afirmó que su desempeño será clave para fortalecer la confianza ciudadana en el servicio público y en las tareas de fiscalización y responsabilidad administrativa.
Finalmente, informaron que se llevarán a cabo diversas sesiones con la finalidad de garantizar mecanismos eficaces para sancionar a quienes, desde el servicio público, afecten gravemente los intereses del pueblo. Con ello, se busca consolidar políticas orientadas a erradicar prácticas que debiliten los procesos administrativos, bajo los principios de legalidad, transparencia y respeto.
