Develando el constitucionalismo. El Constitucionalismo como Proyecto Ético, Político y Humano (5/5)
El estudio del Estado, la población, el territorio, la soberanía y el gobierno, al igual que la comprensión de la Constitución Federal frente a las constituciones locales, no debe reducirse a una labor meramente jurídica. Estos conceptos constituyen la base estructural del constitucionalismo mexicano, a su vez, también expresan una visión del mundo, una forma de entender la dignidad humana, la justicia y la organización colectiva. Su finalidad no radica solamente en la letra de la ley, sino también en su capacidad de orientar la convivencia democrática y servir al bien común del pueblo soberano.
El Estado, visto desde una perspectiva integral, se percibe no solo como una institución jurídica, sino como una realidad política, social y cultural. Tal como lo ha planteado Kelsen. Es decir, el Estado es un orden jurídico centralizado, que une al sistema normativo, y su estructura se legitima al materializar los valores y aspiraciones del pueblo que la sustenta. Esta es la razón por la que el Estado debe entenderse desde la dimensión humana como base de él, conscientes de que su existencia tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.
La población y el territorio, como elementos que conforman el Estado, van más alla de su dimensión material o demográfica. Representan una expresión de identidad, pertenencia y soberanía. Carpizo, ha señalado que el pueblo como sujeto político y la población como conjunto humano, representan dos planos distintos, pero que se complementan entre sí; el primero ejerce la soberanía y el segundo legitima la existencia del Estado. En un país multicultural como México, esta distinción cobra sentido vital, sin reconocimiento a la diversidad cultural y étnica, la soberanía carece de arraigo social y el Estado se vacía de sentido histórico.
Por su parte, la soberanía y el gobierno deben entenderse como los dos polos de la legitimidad constitucional. La soberanía pertenece al pueblo en su totalidad, mientras que el gobierno actúa como órgano constituido para ejercer el poder dentro de los límites del derecho. En palabras de Jorge Carpizo, el gobierno es el servidor del soberano colectivo. El verdadero reto del constitucionalismo no es solo garantizar la legalidad de las instituciones, sino hacer efectivo el principio de soberanía popular mediante la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.
En el contexto contemporáneo, la soberanía enfrenta desafíos estructurales. Zepeda Patterson, ha señalado que la dependencia económica, la desigualdad social y la concentración del poder político debilitan el ejercicio real de la soberanía popular, reduciéndola a una mera formalidad. Esta es la razón por la que el constitucionalismo mexicano debe renovarse en el plano normativo, así como también en el ético y cultural, promoviendo una ciudadanía crítica capaz de ejercer su soberanía con responsabilidad.
La Constitución Federal, materializa el pacto político que articula la unidad nacional y la soberanía popular. La Constitución no es solo un texto jurídico, sino la expresión de los factores reales de poder que dominan en una sociedad, como se ha señalado por Lasalle. En el caso mexicano, esta idea implica reconocer que las constituciones locales no son actos de soberanía, sino estatutos derivados de la voluntad nacional. Así lo confirma lo señalado por Kelsen y Fix-Zamudio, al sostener que las entidades federativas poseen autonomía, no soberanía. Confundir ambos conceptos como suele ocurrir en el discurso político genera tensiones federales y debilita la unidad constitucional del Estado mexicano.
El federalismo mexicano, lejos de ser una suma de soberanías, es una descentralización política de un Estado único y soberano. Tal como sostiene el maestro Burgoa Orihuela, al señalar que la soberanía no puede dividirse sin destruirse; solo puede delegarse su ejercicio dentro de los límites que la constitución establece. Por lo tanto, la Constitución Federal es el marco normativo que organiza la pluralidad nacional, protege la diversidad cultural y garantiza la unidad política bajo el principio de supremacía constitucional en su artículo 133.
Ahora bien, el valor del constitucionalismo no reside solamente en su estructura jurídica, sino en su dimensión humana. Bobbio ha señalado que el derecho y la democracia solo tienen sentido si se orientan hacia la libertad y la justicia. En este sentido, el deber de las universidades, escuelas de derecho, barras y colegios de abogados no debe limitarse al ejercicio técnico del derecho, sino extenderse a la formación cívica y ética de la sociedad. Educar en el constitucionalismo es formar ciudadanos conscientes de sus derechos y de su responsabilidad en la construcción del Estado democrático.
El reto del México contemporáneo es fortalecer sus instituciones, así como recobrar la confianza de la ciudadanía en ellas. Un constitucionalismo vivo requiere ciudadanos informados, críticos y solidarios; un gobierno responsable y transparente; y un Estado que, más allá de su legalidad formal, garantice el acceso a la justicia. La Constitución debe ser entendida como un pacto ético y político que se renueva con la participación del pueblo soberano.
En resumen, los conceptos de Estado, población, territorio, soberanía, gobierno y constitución, se entrelazan y complementan entre la legitimidad y la responsabilidad. Su comprensión requiere una mirada multidimensional, jurídica, política, social, cultural y humana. Solo armonizando estas dimensiones y teniendo como eje rector a la dignidad humana y el bien común, las leyes y el marco jurídico podrán cumplir su finalidad esencial, que es la de ser útiles al pueblo, a través del servicio y no pretender dominarlo.
En ello radica el espíritu más profundo del constitucionalismo mexicano, un pacto de justicia, libertad y dignidad, un pacto vivo en la conciencia de su pueblo.
