Develando el constitucionalismo. Población y territorio, diferenciación de conceptos, un análisis para su clarificación (2/5)
Estudiar y hablar sobre el Estado, exige abordar de manera integral sus elementos constitutivos. Entre ellos, la población y el territorio, que no solo representan factores materiales, sino también dimensiones jurídicas, políticas, sociales, culturales y humanas que permiten comprender el alcance del poder y la legitimidad de las instituciones. Estos conceptos han sido objeto de reflexión constante por constitucionalistas y filósofos del derecho, quienes han dotado a ambos de un sentido dinámico y multidimensional.
La población puede definirse, en un sentido jurídico, como el conjunto de personas vinculadas permanentemente a un Estado a través de la nacionalidad o la residencia legal. Jorge Carpizo, señala que la población no debe confundirse únicamente con la ciudadanía activa, puesto que también incluye a extranjeros y comunidades que, aun sin derechos políticos plenos, forman parte del orden jurídico estatal. Sin embargo, la verdadera fuerza de la población radica en el pueblo como sujeto de soberanía, en quien reside el poder constituyente.
Desde el punto de vista político, autores como Carl Schmitt, han enfatizado en que el pueblo es la base de la decisión soberana, ya que sin él no se puede legitimar el ejercicio del poder. Sin embargo, la población no se agota en su dimensión normativa; en el ámbito social y cultural es la suma de identidades, tradiciones, lenguas y cosmovisiones que conviven en un espacio común. El caso mexicano es paradigmático; la población incluye comunidades indígenas y afromexicanas que aportan riqueza cultural y, al mismo tiempo, exigen el reconocimiento de sus sistemas normativos internos. En el aspecto humano, Luigi Ferrajoli, recuerda que la población remite a la dignidad inherente a cada persona (Dignidad humana); no se trata solo de súbditos o ciudadanos, sino de seres humanos titulares de derechos fundamentales que trascienden las fronteras estatales.
Este contraste se vuelve aún más relevante en un país como México, en donde la pluralidad cultural y social genera que las comunidades indígenas sean parte de la población nacional, pero su condición de pueblo se define también a partir del reconocimiento de sus sistemas normativos internos y de su capacidad de autogobierno.
Es importante distinguir entre población y pueblo, conceptos que en ocasiones se utilizan de manera indistinta, pero que en el análisis constitucional y político poseen significados diferenciados. La población comprende a todos los habitantes de un Estado (ciudadanos, extranjeros, residentes temporales, migrantes e incluso personas en tránsito), el pueblo es un concepto más restringido y normativo, vinculado directamente con el ejercicio de la soberanía. Como señala Carpizo, el pueblo es el conjunto de ciudadanos que forman parte del cuerpo político y que, por esa razón están facultados para ejercer derechos políticos como votar, ser electos y participar en los procesos de decisión colectiva.
La población, en este sentido, es un concepto sociológico y jurídico que abarca a todos los que viven en el territorio del Estado; el pueblo, en cambio, es un concepto político y normativo, definido por su capacidad de detentar la soberanía y de actuar como sujeto constituyente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 39, establece claramente que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”, lo que deja claro que no toda la población participa del poder soberano, que únicamente lo hacen aquellos que forman parte del cuerpo ciudadano.
Por su parte, el territorio, constituye el ámbito físico y jurídico en el que se asienta la población y en el cual el Estado ejerce su soberanía. En su dimensión jurídica, Hans Kelsen, lo concibe como el espacio de validez del ordenamiento jurídico, sin el cual las normas carecerían de un ámbito definido de aplicación. Ignacio Burgoa Orihuela, coincide en que el territorio es indispensable, porque otorga materialidad al poder del Estado.
En el plano político, el territorio no es solo una extensión geográfica, sino el espacio de cohesión y seguridad sobre el que se define la soberanía y la capacidad de defensa frente a otros Estados. Desde una óptica social y cultural, el territorio constituye un símbolo de identidad colectiva, un espacio de vida donde se recrean las tradiciones y prácticas comunitarias. Un claro ejemplo de ello es el de Oaxaca, que resulta muy ilustrativo, en donde el territorio no se concibe únicamente como tierra física, sino como un ámbito de autogobierno comunitario en el que se ejerce el derecho consuetudinario indígena reconocido por la Constitución. Desde una perspectiva humana, el territorio asegura los recursos esenciales para la subsistencia y el desarrollo de la población. En este sentido, el constitucionalismo contemporáneo ha incorporado una dimensión ecológica, al reconocer el derecho a un medio ambiente sano como parte inherente a la concepción del territorio.
Tanto la población como el territorio, deben comprenderse como categorías dinámicas y no estáticas. La población, en cuanto sujeto colectivo y plural, legitima el poder y se expresa en el pueblo soberano. El territorio, como espacio jurídico y simbólico, da contenido a la soberanía y constituye el soporte material y cultural de la vida social. Esto solo es posible desde una visión integral, que conjugue lo jurídico con lo humano y lo político con lo cultural, haciendo posible entender la verdadera naturaleza del Estado contemporáneo y los retos que enfrenta en sociedades diversas como la mexicana.
En resumen, se puede entender que Población es “el conjunto de personas que habitan en un Estado, incluyendo ciudadanos y no ciudadanos, pero jurídicamente es el elemento humano sobre el cual se aplican las normas y se legitima el poder político. Por su parte el Territorio, es el espacio físico y geográfico donde se asienta la población y donde el Estado ejerce su soberanía. No solo es un espacio material, sino también cultural y simbólico, que da identidad y sentido de pertenencia a la comunidad.
En este sentido, la población y el territorio constituyen elementos esenciales del Estado en su dimensión jurídica, política y social. La primera asegura la existencia material y humana del ente estatal, mientras que el segundo le brinda un espacio físico y simbólico de ejercicio soberano. A su vez, la distinción entre población y pueblo permite comprender la diferencia entre la existencia del Estado y la legitimidad del poder que lo sustenta. En México, esta diferenciación cobra especial relevancia ante su pluralidad cultural y su diversidad política, donde la población multicultural se convierte en el sustento de un pueblo soberano que legitima el ejercicio del poder democrático. Únicamente la integración armónica de estos elementos permite entender la complejidad del Estado moderno y la riqueza del constitucionalismo que lo regula.
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