La SCJN Inicia su Nueva Etapa con Medidas de Austeridad y Justicia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha iniciado una nueva etapa bajo la presidencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien ha establecido una serie de medidas inmediatas para garantizar la transparencia y la justicia en el Poder Judicial Federal.
Las primeras acciones
Entre las acciones anunciadas se encuentran la cancelación del presupuesto anual solicitado por la anterior presidenta de la SCJN, Norma Lucia Piña Hernández, que ascendía a la exorbitante cantidad de 25 mil millones de pesos. Además, se eliminarán los fideicomisos que beneficiaban a las exministras y exministros de la SCJN, así como los seguros de vida y salud, que serán reemplazados por atención médica en los servicios públicos de salud.
Revisión de sueldos en el Poder Judicial Federal
El ministro presidente también ha anunciado que se revisarán los sueldos de todas las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial Federal para ajustarlos a lo que marca la Constitución Política de México, es decir, que nadie gane más que la presidenta de México. Asimismo, se revisarán los haberes de las y los anteriores integrantes de la SCJN.
Resolver asuntos de gran importancia para la sociedad
Estas medidas son necesarias para dar muestra de que el nuevo Poder Judicial Federal funcionará de manera diferente y se enrolará en el camino de la transformación de la vida nacional del pueblo de México. Sin embargo, la tarea sustancial de la SCJN es resolver, en el ámbito de su competencia y en estricto apego a la Constitución Política, los asuntos de gran importancia para la sociedad mexicana. Entre estos asuntos se encuentran sentenciar a políticos y personas relacionadas con el crimen organizado, a quienes incurran en actos de corrupción y a todo individuo que preste servicios a un gobierno extranjero y atente contra los derechos individuales y colectivos del pueblo mexicano.
El reto histórico
La SCJN tiene la responsabilidad de garantizar que la justicia sea aplicada de manera imparcial y efectiva, y que se protejan los derechos fundamentales de todos los mexicanos.
