La revocación de mandato, ¿simulación o realidad?
La revocación de mandato es un mecanismo de democracia directa que permite a la ciudadanía interrumpir el mandato de un gobernante electo antes de concluir su periodo, ejerciendo así un control sobre el poder. Esta figura tiene raíces históricas que van desde la antigua Atenas hasta los Estados modernos y ha sido incorporada en la Constitución mexicana en 2019.
El antecedente más remoto de la revocación se encuentra en la democracia ateniense, que aplicaba el ostracismo para expulsar líderes considerados peligrosos. En los albores de la democracia moderna, los Estados Unidos contemplaron formas tempranas de “recall” en sus constituciones estatales del siglo XVIII, como la de Pensilvania. La figura resurgió con fuerza en la América Latina del siglo XX y XXI, incorporada en constituciones como las de Bolivia, Ecuador y Venezuela. México se incorporó tardíamente en 2019.
La revocación de mandato fue incluida en la Constitución Mexicana mediante la reforma de 2019, modificando principalmente los artículos 35 fracción IX, 41, 73, 74, 81, 84 y 122. La Ley Federal de Revocación de Mandato de 2021 regula el procedimiento, fijando como requisitos, la recolección del 3 % de firmas distribuidas en al menos 17 entidades; que haya transcurrido la mitad del periodo presidencial; y que la consulta logre una participación mínima del 40 % del padrón para ser vinculante.
En 2022 se realizó la primera revocación, donde pese a que una mayoría votó por continuar el mandato presidencial, la participación fue inferior al requisito del 40%, lo que anuló su carácter vinculante.
En 2023, Oaxaca aprobó su propia Ley de Revocación de Mandato. Esta exige recabar el apoyo del 10% del padrón electoral (mayor al federal), distribuido territorialmente en más de la mitad de los municipios e incorpora causales como violaciones graves a la Constitución o delitos graves como son los de lesa humanidad. Además, el Congreso del estado debe avalar el proceso y la consulta debe superar la participación obtenida en la elección original.
La revocación de mandato en México constituye una promesa normativa de democracia participativa, con potencial para fortalecer el control ciudadano sobre el poder. Sin embargo, su diseño institucional y operativo, tanto federal como estatal, exige condiciones sociales, políticas y educativas robustas para hacerlo viable. En Oaxaca, los desafíos en participación y estructura política restringen hoy su aplicación concreta. El verdadero reto no radica en adicionar esta figura al texto constitucional, sino en construir una cultura democrática que la complemente con información, organización ciudadana y con genuino compromiso político, para que la revocación de mandato sea un verdadero contrapeso y control constitucional y no solo una simulación disfrazada de aspiración.
