Baja vinculación a proceso en delitos de intimidad sexual en CDMX
En la Ciudad de México, solo alrededor del 4% de las carpetas de investigación por delitos contra la intimidad sexual resultan en vinculaciones a proceso, según datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina. Esta baja cifra se atribuye principalmente a la falta de herramientas del personal ministerial para obtener información de empresas de mensajería instantánea como Telegram y WhatsApp, así como de redes sociales, explicó Vianney Martín del Campo, abogada penalista especializada en derechos humanos y género.
Estadísticas Alarmantes
Información de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, obtenida vía transparencia, revela que de enero de 2020 a marzo de 2025 se iniciaron 4,286 carpetas por delitos contra la intimidad sexual, pero solo se lograron 185 vinculaciones a proceso en el mismo periodo. Por su parte, la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes reporta 60 indagatorias por este delito hasta el 31 de marzo de 2025, con únicamente dos judicializaciones en 2022 y 2025.
El Desafío del Anonimato y la Ley Olimpia
Los delitos contra la intimidad sexual corresponden a la violencia digital y tipifican la distribución, divulgación y publicación no autorizada de audios, imágenes y videos de contenido íntimo. Esta conducta está contemplada en la Ley Olimpia, aprobada a nivel federal en abril de 2021 y en la Ciudad de México en enero de 2020, a raíz de la difusión de un video íntimo de la activista Olimpia Coral Melo.
Martín del Campo, quien también es secretaria de la Red de Abogadas Feministas de México, señala que el principal problema radica en la integración de las carpetas de investigación. El acoso y la publicación de contenido íntimo se realizan en su mayoría desde perfiles anónimos o falsos, y las empresas de redes sociales son las únicas entidades que podrían proporcionar información sobre la persona detrás de la cuenta.
Obstáculos con las Empresas Tecnológicas
La mayoría de estas empresas tecnológicas no tienen sede en México, lo que representa una barrera significativa. El Ministerio Público solicita la información por correo electrónico a sus áreas jurídicas, pero en la mayoría de los casos no hay respuesta, o bien, argumentan que no pueden proporcionar datos debido a la falta de una obligación legal y a la privacidad de las cuentas. Esto impide la generación de audiencias iniciales, ya que no se puede identificar a los responsables de los delitos. Son estas empresas las que poseen la información clave, como números de teléfono, correos electrónicos o datos vinculados a las cuentas.
Revictimización y Necesidad de Colaboración
La abogada enfatiza la importancia de seguir trabajando en las leyes relacionadas con este delito. Al igual que en otros delitos sexuales, existe una tendencia a criminalizar a las víctimas, cuestionando sus acciones y revictimizándolas repetidamente durante el proceso legal, en parte por la falta de capacitación del Ministerio Público y los peritos.
Martín del Campo urge al gobierno federal a establecer convenios de colaboración con las empresas tecnológicas. Estos acuerdos son cruciales para obtener los datos necesarios que permitan ubicar a los agresores e incluso recuperar evidencia digital eliminada, como publicaciones y mensajes, los cuales deben ser tratados y resguardados bajo la cadena de custodia por la policía cibernética o el área de informática.
