“Defensores” de Chagoya, bajo investigación por hostigamiento y agresiones
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) investiga al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que preside Raymundo Chagoya Villanueva, por un alarmante patrón de abuso, hostigamiento y violencia institucional ejercido por sus inspectores municipales. La DDHPO no solo expresa su “profunda preocupación”, sino que advierte que la ausencia de acciones correctivas por parte del propio Ayuntamiento podría interpretarse como una “política de permisividad institucional”.
Los hechos son innegables y se han multiplicado, documentados en videos y ampliamente difundidos en medios y redes sociales, desatando una ola de indignación. Estos casos muestran agresiones físicas, decomisos arbitrarios, robo de pertenencias y tratos discriminatorios. Las víctimas no son cualquiera: son personas en las situaciones más vulnerables, como comerciantes ambulantes, personas con discapacidad, artistas urbanos, madres con sus hijos e hijas, y estudiantes.
La Defensoría indica que la autoridad municipal encabezada por Chagoya Villanueva está obligada a garantizar el respeto a los derechos humanos y a erradicar cualquier forma de criminalización de la pobreza o el trabajo informal. La pasividad ante las reiteradas denuncias es, según la DDHPO, una señal de alarma que no puede pasarse por alto.
Por ello, la Defensoría no se anda con rodeos y hace un llamado urgente y directo al presidente municipal de Oaxaca de Juárez para que de inmediato: Ordene una investigación exhaustiva de todos los casos documentados, sancione ejemplarmente a los servidores públicos involucrados en estos actos de violencia y abuso, aemás de que establezca protocolos con un enfoque en derechos humanos para todos los operativos que sus inspectores realicen en la vía pública.
La DDHPO reitera con firmeza que el poder de la autoridad no es ilimitado; debe estar siempre sujeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y, sobre todo, al respeto irrestricto a la dignidad humana, pues “ninguna estrategia de orden puede construirse a costa de la dignidad”.
Ante la gravedad de la situación y la aparente inacción municipal, la Defensoría ha decidido abrir una queja de oficio para investigar a fondo estos casos y asegurar que se haga justicia.
