“¡El éxito de la elección judicial!”
La lista nominal (lista de personas que cuentan con credencial vigente y puede ejercer su derecho de votar) al corte del 10 abril de 2025, publicada en la página del INE, es de 99,799,133. En el proceso electoral del pasado domingo, para la elección de personas juzgadoras, solo participaron 13 millones de ciudadanos de una lista nominal de más de 99 millones. El INE, informó que estos números se traducen en una participación ciudadana de entre 12.57 y 13.32, es decir, que más del 85% de la población con derecho y posibilidad de ejercer su derecho al voto, decidieron no hacerlo en la elección judicial.
En las pasadas elecciones presidenciales de 2024, el padrón electoral en números redondos fue de 98 millones. En ese proceso electoral participaron alrededor de 59 millones de ciudadanos, que es un 61% de los ciudadanos en el padrón electoral, con base a la información dada por el INE. Estos números posicionaron a ese proceso electoral como la elección con mayor participación ciudadana en la historia del país.
Con 33 millones de votos, con que se declaró triunfadora a la coalición ganadora, los números indican que están muy lejos de ser una verdadera representación del pueblo y que tampoco son una mayoría ciudadana.
En el contexto de la elección judicial, celebrar que solo hayan participado 13 millones de ciudadanos es un absurdo que resalta a simple vista. La apatía demostrada por la ciudadanía en este proceso que pretende mejorar el sistema judicial en México, es una señal más de lo inoperante de ese berrinche personal, llevado al nivel de reforma constitucional; sin olvidar los vicios en la selección de candidatos, que permitió la inclusión de perfiles de dudosa procedencia e intereses que rayan en la ilegalidad.
Por otra parte, convencidos de que la democracia es solo elegir gobernantes a través del voto y que un Estado es moderno y democratico simplemente por realizar elecciones populares; el discurso que emanaba desde la presidencia de la república, así como de algunos actores del aparato gubernamental y del congreso, en días previos a la elección del pasado 1 de junio, era en el sentido de que México es el país más democratico del “mundo”, por tener la posibilidad de elegir a sus tres órdenes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) a través del voto en las urnas.
Es importante señalar que un Estado democratico, es aquel que reconoce los derechos fundamentales y humanos, como lo son, los civiles y políticos: derecho a la vida, libertad, seguridad, opinión, libertad de expresión, votar y ser votado, igualdad ante la ley, privacidad, protección de datos personales; económicos, sociales y culturales: derecho al trabajo y remuneración justa, educación, salud, seguridad social, a la cultura; así como los derechos de los niños, a tener una nacionalidad, a tener una familia y de propiedad, solo por mencionar unos de los muchos derechos fundamentales y humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte, así como tener instituciones y mecanismos que permitan la protección de esos mismos derechos.
En este sentido, se puede observar que el derecho a votar y ser votado, es solo uno de los muchos que un verdadero Estado democrático debe de reconocer y hacer valer, pero no el único. Para que verdaderamente exista una democracia, se deben de hacer valer todos estos derechos por igual y no solo resaltar y usar los que a criterio de quienes ejercen el poder sirvan para lograr sus fines e intereses particulares y de cúpula. Cabe preguntarse por qué temas como educación, salud, seguridad, derechos humanos, no han tenido el mismo afán e interés que mostró el gobierno actual por la reforma y elección del poder judicial, si realmente México es el país más democrático del mundo.
Siguiendo la línea discursiva de la administración actual, se ha dicho que el pueblo manda y que lo los resultados obtenidos en las urnas es lo que dicta las acciones del gobierno, ya que esa es la voluntad del pueblo. En ese orden de ideas, el resultado de la jornada electoral para elegir a jueces, magistrados y ministros del pasado 1 de junio, es un indicador con dos mensajes, los cuales por nada se deben de ignorar y menos por la ciudadanía. El primero de ellos es en el sentido de la poca o nula importancia y credibilidad que el pueblo tiene en el proceso de elección de personas juzgadoras a través del voto popular y eso se refleja en la escasa participación de la ciudadanía en el proceso. El segundo mensaje lo envía el triunfante abstencionismo, con más del 85 % de la población que no acudió a las urnas. Esto, en contraste con el discurso oficial, permite evidenciar que no es voluntad de la ciudadanía el que hoy en día se elija a los integrantes de la SCJN, por medio del voto popular, que no son poseedores ni representantes de la voluntad del pueblo. Lo cierto es, que esta elección no fue capaz de obtener los 33 millones de votantes, que si bien es cierto, no son una mayoría ciudadana, si es en claro ejemplo de un proceso fallido del que nada hay que celebrar.
Resumiendo, la democracia no se reduce al voto. El sufragio es una condición necesaria, pero el sistema democrático exige instituciones funcionales, libertades, deliberación, rendición de cuentas y control del poder por el poder, evitando así los excesos de quienes gobiernan.
En este punto, le resta a la ciudadanía esperar los resultados oficiales, analizarlos con visión crítica, mantenerse atenta y vigilante ante el resultado de este experimento, su desarrollo y evolución. E indiscutiblemente, aprender del proceso, entender que la democracia es efectiva y funcional solo con la participación activa de la sociedad y eso implica informarse adecuadamente para la toma de decisiones y hacer valer sus derechos reconocidos por la constitución, los cuales van más allá de solo acudir a las urnas.
