Privatizan el Cerro de San Felipe; piden más de 6 mil pesos a corredores

Carmen Martínez.

“Cada que vamos a un lugar y se necesita un permiso o pagar por correr lo hemos hecho pero cómo pagar algo que sólo saben los que pusieron esa regla”, así inició la denuncia de una corredora a la que le cobraron más de seis mil pesos para poder pasar por el Cerro de San Felipe, en la capital oaxaqueña.

El hecho habría ocurrido el día de ayer, cuando un grupo de corredores realizaban un ruta que para ellos era normal a realizar, pero que ahora tuvieron que pagar para poder pasar por espacios que se catalogan de carácter público.

“San Felipe y Donají es una de las rutas que hemos realizado, esta vez las autoridades comunales de Donají nos cobraron al bajar y se estuvieron comunicando con las autoridades comunales de San Felipe”.

A las autoridades de Donají, cada corredor tuvo que pagarles 20 pesos, y les dijeron que ya no “tendríamos problemas con autoridades de San Felipe”, pero al llegar al lugar donde estaban estacionados sus automóvile, “ya nos esperaban sus autoridades las cuales pusieron una patrulla y cuatrimoto (sin todas las insignias oficiales que corresponden en ellas) delante y atrás de nuestros autos”.

“Los hombres y una mujer que estaban ahí tenían sogas y machetes (si ésto no es intimidar no sé que es)”, señaló la denunciante, quien agregó que “mientras que llegaba el representante de nuestro grupo se estuvieron comunicando con las personas de Donají a las que les pagamos”.

Posteriormento, “nos pidieron que los acompañáramos para saber la sanción que correspondía por subir sin autorización, autorización que no sabíamos que existe y no está publicada en alguna página. Al entrar a dicho lugar cerraron la reja principal quedando dentro y fuera las autoridades que nos llevaron”.

Ahí “se nos pidieron cinco mil por persona y después mil, argumentando que ésa era la sanción por entrar sin permiso a la montaña, ésto porque ocho días antes hubo un incendio y es una forma de evitar estos lamentables incidentes”.

“El encargado de sancionar es una persona que no sabe escuchar ni llegar a un acuerdo, después llegó el presidente de la asamblea a quien también le cuesta trabajo saber escuchar, llegó la presidenta de San Felipe, también la señora se negaba bajar el costo de la sanción argumentando que la asamblea lo había aprobado y no podían hacer nada”.

“No somos delincuentes para que se nos trate así, nos dedicamos a fomentar el deporte para alejar a las personas de adicciones, para tener una alternativa a la depresión y por supuesto cuidamos el medio ambiente, en casos de incendios se apoya enviando agua, artículos de higiene etc., es nuestro deber contribuir entonces, ¿por qué no escuchar? Por qué tratarnos así?”, cuestionó finalmente.