Caso de empresas incumplidas en reconstrucción de escuelas, en poder de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, dice.

San Raymundo Jalpan, Oax., 27 de enero, 2020- Ante la Comisión camaral de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), José Ángel Díaz Navarro, fue cuestionado por legisladoras y legisladores locales quienes demandaron una mayor claridad en el gasto público, así como evitar el dispendio de los recursos del erario estatal. Asimismo, le exigieron mayor vigilancia al gasto en los municipios y se agudice su actuación ante evidentes casos de corrupción, en el programa de reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos.

Durante la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el diputado Fredie Delfín Avendaño cuestionó el manejo y fiscalización de los recursos públicos empleados por los municipios en donde existen discrepancias para solventar ejercicios fiscales anteriores. Díaz Navarro expresó su disposición para trabajar con el Legislativo para innovar en leyes y herramientas digitales para fortalecer los registros municipales, entre otros, las actas de entrega-recepción.

En la comparecencia, celebrada en la sede del Poder Legislativo, Laura Estrada Mauro, preguntó sobre las mil 392 sanciones emitidas por la SCTG, sobre su alcance para evitar el crecimiento de la corrupción en la actual administración, así como su eficacia. Pidió conocer cuántas habían sido de tipo penal, resarcitorias o de reposición. En respuesta, Díaz Navarro apuntó que de estos procedimientos el ocho por ciento fueron impugnados; en el tema de las resoluciones, sólo el uno por ciento fueron revocadas, frente a lo cual la legisladora urgió la necesidad de ampliar la información sobre dichos casos.

En su oportunidad, Maritza Vásquez Guerra, resaltó los avances en transparencia y combate a la corrupción y pidió llamar a cuentas a los funcionarios responsables del Sistema Integral de Transporte de Oaxaca (SIT), mejor conocido como “Sitibus” por la inversión realizada en el sexenio anterior, sistema que expone un constante deterioro por su falta de operación.

A su vez, el diputado César Morales Niño pidió al servidor público dar a conocer el monto del proyecto Sitibus sobre el cual se está investigando, a fin de evitar que, una vez que sea puesto en marcha dicho sistema de transporte, fallas y responsabilidades administrativas pasen al olvido.

Respecto a la reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos de 2017, el legislador cuestionó sobre el destino de 2,500 millones de pesos del programa Escuelas al Cien y sobre la existencia de empresas o funcionarios públicos con alguna responsabilidad.

En respuesta, Díaz Navarro dio a conocer que la dependencia a su cargo ha emplazado a nueve ex funcionarios, presuntamente responsables en el caso del Sitibus. Además, detalló, existen programadas varias audiencias en la SCTG a las que han acudido ya tres ex funcionarios. De lo anterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción ya conoce los pormenores, sostuvo. Enseguida, el funcionario evitó dar a conocer nombres, para evitar afectar las investigaciones y auditorías en curso.

Sobre las escuelas dañadas por los sismos del 2017, cuyos trabajos de reconstrucción no han concluido, reconoció que existió abuso de algunas empresas que participaron en estos trabajos, ya que algunas incumplieron, no realizaron los trabajos contratados o algunas lo hicieron a medias. Incluso, reforzó, algunas empresas constructoras desaparecieron, por lo cual la SCTG dio conocimiento a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

En su oportunidad, el diputado Fabrizio Emir Díaz Alcázar, externó su preocupación por la falta de certeza en la vigilancia y el relevo de administraciones municipales, particularmente en los de Sistemas Normativos Internos. Lo anterior, para que el cambio de administración no repercuta en pérdida de información y comprobación del uso de recursos públicos que afecten la distribución de participaciones federales o estatales. Por dicha razón, sugirió implementar acciones tendientes a regular los procesos de entrega-recepción.

De su lado, Aurora López Acevedo, subrayó que existen resistencias de servidores públicos para la transparencia y rendición de cuentas. Hizo un llamado a incrementar la vigilancia y recordó las quejas contra el Registro Civil por emitir documentos sin recibo. Esta situación derivó en un exhorto del Congreso local, el año pasado, para que el Registro Civil subsanara dicha falta y se corrigiera.

Mientras, Aleida Serrano Rosado replicó desde la más alta tribuna del estado, la demanda de ciudadanos del puerto de Salina Cruz y trabajadores del ayuntamiento, sobre presuntos actos de corrupción, razón por la cual, la legisladora solicitó la intervención de la SCTG para efectuar una auditoría sobre los recursos federales ejercidos por esa administración municipal durante el año 2019.

En su oportunidad, la diputada María de Jesús Mendoza Sánchez, demandó la aplicación efectiva y sin desvíos de los recursos públicos administrados con el fin de evitar dispendios en el gasto público.

La comparecencia del titular de SCTG estuvo presidida por el diputado Fredie Delfín Avendaño, así como por las y los integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción: Laura Estrada Mauro, Noé Doroteo Castillejos y María de Jesús Mendoza Sánchez.