En vísperas del Parlamento Abierto en el Senado en materia de subcontratación, la Secretaría del Trabajo ya tiene lista una reforma para regular este esquema a través de unRegistro de Empresas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene lista una iniciativa de reforma la Ley Federal del Trabajo (LFT) para regular el outsourcing. La propuesta tiene como eje principal crear un registro de empresas de subcontratación, aunque también contempla reforzar los mecanismos de inspección y sanción para quienes hagan tercerización abusiva.

A pesar de que el Senado de la República realizará un Parlamento Abierto para discutir a fondo un dictamen ya aprobado en materia de outsourcing, la STPS ya tiene en el horno su propuesta para reformar la LFT y crear el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación.

“Para la celebración de cualquier contrato de subcontratación, la persona contratista deberá encontrarse inscrita en dicho Registro y entregará al contratante una constancia vigente de su inscripción ante el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación”, dice la iniciativa elaborada por la Secretaría del Trabajo.

Una vez publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación, la STPS contará con tres meses para emitir los lineamientos de operación del Registro Nacional de Empresas de Subcontratación y, en cuanto éstos se decreten, las empresas de outsourcing tendrán hasta seis meses para inscribirse.

Con lo anterior, la contratación de servicios de subcontratación tendrá un proceso más riguroso. Pues el contrato que se celebre entre la empresa contratante y la organización que prestará el servicio deberá “incluir la constancia de inscripción al Registro Nacional de Empresas de Subcontratación y establecer de manera expresa la obligación solidaria”, destaca la propuesta. La ausencia de esta constancia en el contrato de servicio puede equivaler a una multa de hasta 217,200 pesos.

Además, se plantea que el contratante sea solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores. En caso de que la empresa de outsourcing no esté inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, el contratante será considerado patrón.

Por otra parte, la iniciativa de la STPS modificará el proceso de sanción por impedir una inspección laboral. Al patrón que no permita la vigilancia de las autoridades laborales, primero se le notificará para que comparezca para exhibir la información requerida, “de no hacerlo se presumirá que no cuenta con ella” y posteriormente se multará con hasta 434,400 pesos.

A parte de las multas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá avisar a las autoridades de seguridad social, fiscales y penales cuando detecte casos de simulación de outsourcing, prestación de servicio sin estar inscrito en el registro o celebración de contrato sin asumir la responsabilidad solidaria, entre otros aspectos.

Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, han manifestado en diversas ocasiones que la Ley Federal del Trabajo tiene elementos suficientes para regular el outsourcing, en un contexto donde ambas cámaras del Congreso de la Unión agrupan una serie de iniciativa con diversos enfoques para poner más candados a la subcontratación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila (Morena), aseguró que el Senado apostará por una reforma que sea benéfica tanto para trabajadores como para empresarios para no perjudicar ni al empleo ni a la economía.

El también coordinador de Morena en la Cámara Alta, afirmó que su bancada actuará con responsabilidad y sin excesos frente a la regulación de la subcontratación.

El senador informó que los empresarios han pedido que el esquema de outsourcing no se prohíba, porque afectaría a las empresas que han usado este servicio conforme a la Ley.

El legislador dijo que el Senado respeta todas las voces, por lo que el propósito del Parlamento Abierto en la materia, que se realizará este miércoles, es sacar conclusiones y construir una legislación que pueda tener un amplio consenso. “Este ejercicio nos da la posibilidad de enmendar, corregir o enriquecer los dictámenes que estamos aprobando en comisiones”, puntualizó.

Monreal Ávila garantizó que no se va a afectar el empleo, pero consideró una obligación regular el abuso de la subcontratación, a pesar de que hay empresarios que cumplen con la LFT, también hay quienes han abusado de este esquema de contratación, convirtiéndola en “una mina de negocios particulares, evadiendo al fisco y lastimando al trabajador”, reconoció.