A tan sólo dos años de su nombramiento, diez superdelegados han sido investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el uso indebido de los programas sociales bajo su cargo, específicamente por utilizarlos para hacer propaganda electoral a su favor. Esta no es la única falta que se les imputa. En torno a los 32 superdelegados se ciernen denuncias por un amplio espectro de delitos y faltas, desde nepotismo, negligencia, desvío de recursos y peculado, hasta abuso sexual. Aun así, ocho superdelegados han presentado su renuncia para buscar ser gobernadores en las elecciones de 2021.

Desde que en 2018 se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que dio origen a los superdelegados, fueron señalados los riesgos que generaría esta figura: I) el daño al federalismo por imponer a un funcionario federal que podría debilitar a ejecutivos estatales; II) el abuso de sus facultades extraordinarias, y III) el uso del puesto para fungir como operadores electorales de Morena, específicamente utilizar el cargo como plataforma política para convertirse en gobernadores. Las predicciones parecen haberse cumplido.

Los superdelegados que han dejado su cargo para contender por la gubernatura son: Victor Manuel Castro, en Baja California Sur; Juan Carlos Loera, en Chihuahua; Indira Vizcaíno, en Colima; Pablo Amílcar Sandoval, en Guerrero; Hugo Flores, en Morelos; Manuel Peraza, en Nayarit; Gilberto Herrera, en Querétaro, y Lorena Cuellar, en Tlaxcala.

Los superdelgados de Chihuahua y Colima forman parte del grupo de funcionarios investigados por la SFP por el uso irregular de programas sociales. En el caso de Juan Carlos Loera (Chihuahua), Milenio y  La Jornada recopilaron las acusaciones en su contra por nepotismo; señalan que encubrió a dos colaboradores suyos que designaron a sus esposas en puestos directivos del Hospital del ISSSTE y del Programa de Estancias Infantiles. Además, su hermano se volvió director de área de la Secretaría de Educación Pública del estado y, su sobrina, secretaria particular de la subsecretaría cuando él se volvió superdelegado. Es posible corroborar esta información a través de la página de Transparencia de la Secretaría de Bienestar Social.

En tanto, a Indira Vizcaíno (Colima) se le ha acusado de peculado y abuso de atribuciones. De acuerdo con el Diario de Colima, cuando fungía como alcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, incurrió en un daño al erario público por 100 millones de pesos por un presunto fraude relacionado con el predio de Altozano, que está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estatal. También es señalada por haber intervenido en la elección de distintos funcionarios públicos, abusando de su autoridad. El Universal, con información del INAI, señaló que Colima es el estado con mayor cantidad de denuncias ante la SFP; sin embargo, la Secretaría no ha impuesto ninguna sanción a la superdelegada. Finalmente, Vizcaíno también fue denunciada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por engañar a los beneficiarios de programas sociales con fines electorales, pero se resolvió que la infracción era inexistente.

Manuel Peraza (Nayarit) tuvo irregularidades en su declaración patrimonial al no presentar la información completa de sus propiedades. Expansión Política informó que el superdelegado presentó su declaración sin incluir el valor de sus inmuebles ni su ubicación; de igual forma, ocultó el saldo de sus cuentas bancarias, lo que dificulta conocer si durante su gestión aumentó su patrimonio de manera irregular. El Heraldo señala que existen impedimentos constitucionales para que sea electo gobernador, pues su acta de nacimiento indica que nació en Jalisco y no en Nayarit; además, no cumple con los cinco años de residencia efectiva en el estado, pues su cambio de residencia se registró hasta 2018.

Pablo Amílcar Sandoval (Guerrero), hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, fue denunciado por irregularidades sobre la acumulación de propiedades inmobiliarias: en su declaración patrimonial ocultó una finca en Acapulco. Además, funcionarios locales acusaron al superdelegado de utilizar los recursos de los programas sociales con fines políticos y electorales. El diputado federal Rubén Cayetano amplió la denuncia que interpuso contra Sandoval ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales acusándolo de hacer promoción personal después de que se difundiera en redes un video en el puede observarse cómo se obliga a los adultos de la tercera edad beneficiarios de programas sociales a repetir y memorizar el nombre del superdelegado. En reiteradas ocasiones, se ha reprochado a la titular de la SFP omitir las investigaciones y sanciones correspondientes al caso de su hermano. Cabe mencionar que él no forma parte del grupo de diez superdelegados investigados por realizar propaganda electoral, aun cuando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero le ordenó retirar 32 espectaculares que promocionaban su imagen, colocados en al menos siete municipios del estado y que presuntamente costaron más de dos millones de pesos según El Universal. A finales de octubre, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero determinó que el exdelegado no incurrió en ninguna infracción, ni cometió actos anticipados de campaña ni de promoción del voto.

Después de haberla perdido en 2016, Lorena Cuellar (Tlaxcala) buscará la gubernatura de su estado por segunda vez. Algunos medios locales la señalan por intimidación y nepotismo, pero no existen denuncias formales. Sucede lo mismo con los superdelegados Victor Manuel Castro (Baja California Sur), Hugo Flores (Morelos) y Gilberto Herrera (Querétaro): aunque se habla de presuntas faltas como promoción personalizada u omisión de cumplimiento de funciones no cuentan con denuncias formales.

Los superdelegados fueron nombrados para servir como enlace entre las secretarías de Estado y los gobiernos locales, con el objetivo de eliminar la corrupción en la entrega de los programas sociales. Sin embargo, la mayoría cuenta con denuncias –formales o informales– en su contra. Incluso uno de ellos, Carlos Lomelí de Jalisco, renunció envuelto en una controversia: una investigación periodística de MCCI evidenció una red de empresas farmaceúticas, algunas declaradas fantasma, vinculadas a él, además de conflicto de intereses y contrataciones públicas dudosas.

La SFP ha recibido más de 100 denuncias contra los superdelegados, pero sólo ocho de ellas han avanzado a proceso de responsabilidades; 24 fueron desestimadas por falta de elementos, y ninguna ha generado sanción. Aunque se le solicitó al presidente apoyar la iniciativa de reforma para que los superdelegados no pudieran contender a un puesto de elección popular tras terminar sus funciones, el titular del Poder Ejecutivo respondió que primero debería probarse que los superdelegados se han involucrado en propaganda electoral. Lo cual parece contradictorio pues, según El Heraldo, al menos 24 superdelegados impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las sanciones por promoción personalizada, exigiendo su libre ejercicio de propaganda –lo que deja en claro sus intenciones de contienda electoral.

Los superdelegados llegaron a convertirse en todos los peligros que se esperaban de ellos. Abusan de su posición para incrementar su poder, facilitan la intromisión de la presidencia en decisiones locales, han debilitado la imagen de los gobernadores y, finalmente, buscarán ganar las elecciones de 2021. Los superdelegados han demostrado que la justicia electoral no se resuelve con abrir carpetas de investigación; en su lugar, las sanciones son indispensables para limitar su actuación discrecional. Cargos como los suyos, elegidos directamente por el presidente, y con acceso a presupuesto público, son el trampolín perfecto para impulsar su carrera política en las elecciones estatales.

Nota de origen: https://contralacorrupcion.mx/superdelegados-a-gobernadores-morena-2/