Luis Carrasco.

Por su probable responsabilidad de los delitos de falsificación de documentos, falsificación de sellos, peculado, abuso de autoridad, suplantación de identidad, entre otros, fue denunciada penalmente a Yolanda Santos Montaño, presidenta municipal de San Jacinto Amilpas.

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, por parte de Álvaro Ramírez Hernández, síndico municipal; Blanca Méndez Aragón, regidora de Educación y Cultura; Salvador Yrizar Díaz, regidor de Bienestar Social; así como Nubia Cruz García, regidora de Salud.

En conferencia de prensa, los funcionarios públicos de San Jacinto Amilpas señalaron que desde hace 18 semanas llevan solicitando a la edil que convoque a una Sesión Ordinaria de Cabildo, y aseguraron que “contamos con las condiciones para hacerlo, porque el Ayuntamiento está trabajando de una manera normal”.

“Estábamos en semáforo verde, habían condiciones para hacer una Sesión de Cabildo, y la Presidenta nos ha llamado para hacerla de manera virtual, pero no es posible que en esas sesiones virtuales tengamos a un compañero privado de su libertad”, hecho que señalaron como irregular.

También, acusaron que se han realizado cambios en puestos dentro del Ayuntamiento, mismos que solamente pueden ser aprobados mediante las sesiones del Cabildo, pero hasta la fecha no han realizado ninguna, por lo que las personas que hoy ostentan un cargo público, lo hacen violando la ley.

“Le dijimos a la Presidenta que queríamos ver la situación, y nos dijeron que sacáramos cita; cómo vamos a sacar cita si nosotros somos autoridad, somos un cuerpo colegiado, entonces anteriormente se le había hecho la invitación de manera personal para sacar temas pendientes”, pero hasta la fecha no ha accedido.

Por esta situación, los regidores y el síndico municipal decidieron interponer una denuncia penal en contra de Yolanda Santos y los demás funcionarios que están en cargos de manera ilegal, a la vez que pidieron respeto a sus derechos como servidores públicos, e investigar la falsificación de sus firmas en documentos recientes.