Carmen Martínez.
El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) reiteró que el ex edil de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero, incurrió en el delito de violencia política en razón de género, en contra de Nallely Ortiz Jiménez, quien en su administración fue Regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables.
Con esto, se resuelve que Montaño Montero vulneró el derecho político electoral de la ex Regidora, al obstruir el ejercicio de su cargo, además de no haberle pagado las dietas que le correspondían desde el mes de febrero del 2021.
Y es que, el ex edil emanado del Partido del Trabajo (PT), tampoco le pagó su aguinaldo, no le entregó mobiliario para trabajar, fue omiso en la entrega de recursos humanos para realizar su labor, no la convocó a sesiones de Cabildo, y cometió actos de invisibilización, porque los proyectos que ella realizaba eran publicitados a nombre de otras regidurías.
Desde el 23 de enero de 2020, Nallely Ortiz denunció a Dante Montaño por violencia política en razón de género, y pese a las diversas impugnaciones que el ex edil realizó para que no se validara el delito, finalmente la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón a la ex concejal en dos de junio de 2021.
En consecuencia, a Dante Montaño se le negó participar en el proceso electoral ordinario 2020-2021, donde aspiraba al cargo de diputado federal por parte del PT, cobijado por Benjamín Robles Montoya; toda vez que existía el registro de su nombre dentro de las personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género.
Por este motivo, ahora el ex edil de Santa Lucía del Camino buscaba que se diera por terminada esta sanción, pero el TEEO rechazó la caducidad del procedimiento especial sancionador, durante la Sesión Pública realizada este ocho de junio de 2023.
De acuerdo con un comunicado emitido por el propio Tribunal, esta determinación se dio porque “la violencia política en razón de género, en el ámbito electoral, es de interés público; y las autoridades están obligadas a evitar la afectación de los derechos político electorales de las mujeres que han sido víctimas”.
