Redacción.

Gran polémica ha causado el nombramiento de Adán Córdova Trujillo como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

Desde la emisión de la convocatoria, Córdova Trujillo presentaba irregularidades, pues viola el requerimiento de la base primera, fracción quinta, que enuncia: “gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito”.

Es bien sabido que este personaje ha sido señalado en más de una ocasión, de cometer actos ilícitos; sin embargo, por sus amistades y padrinos políticos, ha salido bien librado, demostrando el nivel de transparencia que persiste en el Estado.

En febrero del 2015, cuando se desempeñaba como director jurídico de la Auditoría Superior del Estado (ASE), fue cesado de sus labores bajo las acusaciones de soborno y filtración de la información. De esta manera, presidentes municipales acusados de desvío de recursos quedaban impunes.

Al mismo tiempo dieron de baja a otros 10 auditores internos, acusados de sospechas por corrupción.

Y los antecedentes no acaban, pues posteriormente, representó legalmente a personas defraudadas por casas de ahorro, a quienes cobró cuantiosas sumas de dinero. Integrantes del Frente Único de Ahorradores Defraudados (FUADO), denunciaron que Adán Córdova Trujillo, les propuso agrupar a más afectados, con tal de llevarse mayores ganancias.

El ahora presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, cuenta con un oficio de responsabilidad emitido por la Contraloría con número SCTG/SRT/DRSP/002/2017 y un expediente de responsabilidad administrativa 1624/RA/2011 por presuntos actos de corrupción.

Córdova Trujillo asumió la presidencia para el periodo del 16 enero del 2019 al 16 de enero del 2020, en sustitución de Isabel María Chagoya Méndez, tía de la actual comisionada del Instituto de Transparencia, María Antonia Velásquez Chagoya.