Crisis de la representación democrática en el Estado constitucional mexicano
El problema de la representación: cuando el instrumento puede convertirse en finalidad
El régimen democrático contemporáneo descansa sobre una paradoja. El poder político pertenece al pueblo, pero su ejercicio cotidiano requiere de instituciones, organizaciones y personas que lo representen. Los partidos políticos surgieron, en buena medida, como mecanismos de organización de esa voluntad colectiva; sin embargo, toda organización enfrenta el riesgo de que quienes la dirigen terminen desarrollando intereses propios, distintos o incluso contrarios a los intereses de quienes originalmente les otorgaron legitimidad.
La organización resulta indispensable para alcanzar objetivos colectivos, pero la propia necesidad organizativa genera especialización, profesionalización del liderazgo, concentración de información y diferenciación entre dirigentes y dirigidos. Con el tiempo, quienes ocupan posiciones de dirección pueden desarrollar incentivos para conservarlas, tal como lo señaló Robert Michels, en su formulación de la ley de hierro de la oligarquía, en su obra Los partidos políticos.
La paradoja consiste, entonces, en que una organización creada para servir a la colectividad puede terminar desarrollando mecanismos destinados a garantizar su propia permanencia.
Michels, no permite concluir automáticamente que todo partido político sea necesariamente oligárquico. Su aportación es más compleja, advierte sobre una tendencia estructural de las organizaciones a concentrar la dirección y generar una distancia progresiva entre las élites dirigentes y las bases.
La Constitución mexicana no concibe a los partidos como empresas privadas dedicadas a la obtención de cargos públicos. Los reconoce como entidades de interés público y les atribuye finalidades democráticas específicas. Por ello, su legitimidad no deriva exclusivamente de su capacidad para ganar elecciones, sino también de su capacidad para cumplir la función constitucional que justifica su existencia.
La cuestión fundamental no es determinar qué partido tiene razón frente a otro.
Sino preguntarse ¿si las las organizaciones partidistas están cumpliendo la función constitucional para la cual fueron creadas?
Maquiavelo: conquistar el poder no equivale a saber ejercerlo
El príncipe de Nicolás Maquiavelo ofrece una segunda herramienta de análisis.
Maquiavelo, sostiene que lo fundamental es comprender la adquisición, conservación y ejercicio del poder político. Por esta razón, su obra resulta particularmente útil para analizar una democracia contemporánea, permite separar dos cuestiones que frecuentemente se confunden.
Llegar al poder no significa necesariamente saber gobernar.
La conquista del poder puede depender de circunstancias extraordinarias, alianzas, fortuna, capacidad estratégica, apoyo popular o incluso mecanismos moralmente cuestionables. Pero una vez alcanzada la posición de poder surge un problema diferente ¿cómo conservarla, legitimarla y ejercerla?
Una candidatura puede triunfar electoralmente y, sin embargo, carecer de la preparación necesaria para gobernar. Una organización puede desarrollar una extraordinaria capacidad electoral y, simultáneamente, presentar debilidades en materia de formación política, técnica legislativa, administración pública o diseño de políticas públicas.
El sufragio legitima el acceso democrático al cargo; pero no convierte automáticamente a quien resulta electo en especialista de la materia que deberá administrar.
Esta distinción conduce a una cuestión particularmente delicada, como lo es que la calidad de la democracia no depende exclusivamente de quién obtiene más votos, sino depende de la calidad de las decisiones que se toman después de obtenerlos.
Foucault: el poder no está únicamente arriba
En Microfísica del poder, Foucault cuestiona la concepción tradicional según la cual el poder se encuentra exclusivamente concentrado en el Estado, en el gobierno o en una autoridad determinada.
Es necesario entender que el poder también circula. Se reproduce mediante instituciones, discursos, prácticas, procedimientos, conocimientos y relaciones sociales. No solamente se impone mediante la coerción; también produce comportamientos, categorías, normalidades y formas de pensamiento.
Desde esta perspectiva, el poder partidista no puede analizarse exclusivamente desde la relación entre gobierno y oposición.
También debe estudiarse en la relación entre dirigentes y militantes, candidatos y electores, organizaciones y ciudadanía, medios de comunicación y opinión pública, así como en las nuevas formas de comunicación política que se desarrollan en las plataformas digitales.
El poder contemporáneo puede presentarse incluso como entretenimiento.
Una imagen cuidadosamente construida, un mensaje breve, un video viral o una publicación emocional pueden alcanzar en segundos a millones de personas. El problema no consiste en que los políticos utilicen redes sociales. El problema aparece cuando la comunicación sustituye a la deliberación, cuando la imagen reemplaza al programa y cuando la popularidad digital comienza a confundirse con capacidad política.
De la ciudadanía informada al ciudadano consumidor
La democracia presupone ciudadanos libres. Pero la libertad política requiere algo más que la posibilidad formal de votar.
Requiere información. Requiere capacidad de análisis. Requiere memoria histórica. Requiere deliberación. Requiere responsabilidad.
Una ciudadanía que decide exclusivamente por la simpatía personal, por la apariencia física del candidato, por la cantidad de seguidores en redes sociales, por una dádiva inmediata o por una campaña emocional corre el riesgo de transformar el voto que constitucionalmente constituye un instrumento de soberanía popular, en una decisión de consumo político.
El problema no está en que una persona tenga preferencias políticas.
El problema aparece cuando la preferencia sustituye al juicio.
La democracia no exige que todos pensemos igual. Exige que podamos pensar antes de decidir.
El artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reconoce el voto como derecho y obligación para integrar los órganos del Estado de elección popular.
Pero la democracia no debería reducirse al momento de depositar una boleta.
La ciudadanía también debe participar mediante la vigilancia, la crítica, la exigencia de rendición de cuentas y el escrutinio del desempeño de quienes ejercen el poder.
El ciudadano como responsable del Estado que construye
Con frecuencia, la sociedad responsabiliza exclusivamente a los gobernantes por la situación del Estado.
Sin embargo, en una democracia representativa existe una relación recíproca entre gobernantes y gobernados.
Quienes ocupan cargos públicos toman decisiones en nombre de la colectividad, pero la ciudadanía participa en la determinación de quiénes ocuparán esas posiciones.
Por ello, la responsabilidad democrática no termina con la elección.
El ciudadano no entrega un cheque en blanco cuando vota.
La representación política no significa renunciar al derecho de cuestionar.
Tampoco significa aceptar como inevitable toda decisión de quien obtuvo la mayoría electoral.
Una democracia constitucional necesita ciudadanos capaces de decir sí cuando una política pública es correcta, pero también de decir no cuando una decisión vulnera derechos, debilita instituciones o contradice el interés público.
La crisis de los partidos como crisis de intermediación
Desde esta perspectiva, la crisis de los partidos políticos puede analizarse como una crisis de intermediación democrática.
Su función constitucional consiste, entre otras cuestiones, en articular ciudadanía y poder. La Suprema Corte ha reconocido precisamente que los partidos ocupan una posición institucional particular como entidades de interés público y como mecanismos de conexión entre ciudadanía y representación política.
Por esta razón, cuando la organización partidista concentra sus esfuerzos en la conservación de sus posiciones internas, la reproducción de sus dirigencias o la obtención del poder por el poder mismo, aparece una tensión entre la finalidad constitucional de la organización y su comportamiento institucional.
No sería correcto afirmar, sin evidencia específica, que todos los partidos mexicanos han abandonado esas finalidades.
Pero sí resulta jurídicamente legítimo formular una pregunta crítica:
¿Qué mecanismos existen para impedir que la organización partidista convierta su propia permanencia en un fin superior a la participación ciudadana que constitucionalmente debe promover?
El poder como posición y no como patrimonio
El poder no es patrimonio de quien lo ejerce, es una posición temporal conferida para el cumplimiento de una función pública.
Quien ocupa una posición pública no se convierte en propietario del poder.
El cargo pertenece al Estado. La legitimidad pertenece al orden constitucional. Y la soberanía corresponde al pueblo.
Por lo tanto, la permanencia de una persona o de una élite dentro de una estructura política no puede convertirse en finalidad suficiente para justificar su existencia.
Desde la concepción de Michels, podríamos hablar de reproducción oligárquica.
Con base a lo expresado por Maquiavelo, de conservación del poder.
Con fundamento en lo planteado por Foucault, de circulación y reproducción de relaciones de poder.
Desde la perspectiva constitucional y democrática, el problema se traduce en una cuestión distinta
¿Cómo garantizar que el poder permanezca sometido al derecho y orientado al interés público?
Cuando la política se convierte en espectáculo
El problema no son las redes sociales.
El problema es la transformación de la deliberación política en espectáculo.
La política puede convertirse en una competencia por atención en la que el contenido de las propuestas pierde importancia frente a la capacidad de generar emociones, polémica, identificación o viralidad.
En este escenario, el ciudadano deja de ser concebido como sujeto político deliberante y comienza a ser tratado como audiencia.
El ciudadano pregunta:
¿Qué propone?
¿Cómo lo va a hacer?
¿Cuánto costará?
¿Qué consecuencias tendrá?
¿Qué resultados obtuvo anteriormente?
¿Qué controles aceptará?
La audiencia, en cambio, puede limitarse a preguntar:
¿Cuántos seguidores tiene?
¿Qué tan popular es?
¿Qué tan atractivo resulta su mensaje?
¿Quién ganó la discusión en redes?
Derechos fundamentales y dignidad humana
La cuestión no es meramente política. Una representación deficiente puede producir consecuencias jurídicas concretas.
Las decisiones públicas inciden sobre salud, educación, seguridad, justicia, empleo, patrimonio, medio ambiente, igualdad, libertad y acceso a servicios públicos.
Por ello, una decisión política incorrecta no afecta únicamente a quienes votaron por quien tomó esa decisión. Sus consecuencias alcanzan a toda la comunidad política.
Ésta es precisamente la razón por la que el Estado constitucional establece límites al poder. La democracia no puede entenderse únicamente como gobierno de las mayorías. También implica protección de las minorías, respeto de los derechos humanos, división del poder, rendición de cuentas y sometimiento de las autoridades al orden constitucional.
De ahí que la participación ciudadana informada no sea únicamente una virtud cívica.
Es también una condición para la protección efectiva de los derechos fundamentales.
La democracia tiene derecho a cuestionar a sus gobernantes. Pero también tiene derecho y obligación de cuestionar a sus ciudadanos. Porque resulta intelectualmente cómodo atribuir todos los problemas del Estado a quienes gobiernan.
Mucho más difícil es reconocer que las sociedades también participan en la construcción de las estructuras que posteriormente critican.
La democracia no se deteriora únicamente cuando el gobernante concentra poder.
También se debilita cuando el ciudadano renuncia voluntariamente a ejercer su capacidad crítica.
No basta con exigir buenos gobernantes. Es necesario construir ciudadanos capaces de exigirlos.
La progresiva concentración de las estructuras de dirección partidista y la transformación de la comunicación política en mecanismos de personalización, espectáculo y movilización emocional pueden generar una distancia entre las finalidades constitucionales de los partidos políticos y su funcionamiento práctico, debilitando la representación ciudadana y favoreciendo una concepción instrumental de la ciudadanía como medio para acceder y conservar posiciones de poder.
Quizá ésta sea la principal enseñanza que se puede extraerse de Michels, Maquiavelo y Foucault, el poder tiende a organizarse, concentrarse, reproducirse y legitimarse. En consecuencia, una sociedad democrática necesita instituciones capaces de limitarlo, pero también ciudadanos capaces de observarlo, cuestionarlo y exigir su rendición de cuentas.
Es decir, la democracia no termina cuando se cuentan los votos. Es Ahí donde comienza la responsabilidad democrática.
